Primer choque en el Gobierno por devoluciones en caliente y asilo

Podemos es contrario a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y asegura que la decisión gubernamental es "contraria al acuerdo de coalición".
Miguel P. Montes
España
20.02.2020
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Mes y medio después de que Pedro Sánchez consiguiera la mayoría simple del Congreso para revalidar su puesto al frente del Gobierno, los ministros del PSOE y Unidas Podemos han tenido su primer choque evidenciable en relación a las políticas migratorias que ejerza el Ejecutivo. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su discurso duro sobre las devoluciones en caliente y la posible ley de asilo que presente en las próximas semanas no ha gustado en el seno de Podemos. "Es lo contrario de lo que figura en el acuerdo de coalición", aseguran desde la formación. 

El pasado viernes, varios miembros del Gobierno mantuvieron una reunión muy tensa en el Palacio de La Moncloa. Estuvieron presentes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera, Carmen Calvo; el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias; el ministro de Transportes, José Luis Ábalos; la ministra de Igualdad, Irene Montero; la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya; el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; y el propio Marlaska. El ministro de Interior defendió un discurso duro de la política migratoria, defendiendo la política de seguridad, frente a las garantías de derechos humanos que lideraba Iglesias. 

El origen de este conflicto radica en el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que respaldaba las devoluciones en caliente de inmigrantes -en la líneaa de las actuaciones del gobierno de Mariano Rajoy-. El único acuerdo que se descolgó de la reunión del Gobierno fue que todos los ministros asegurarían ante los medios que aceptaban el fallo del tribunal europeo sin dar su opinión ni mostrar su postura. 

El grupo confederal de Unidas Podemos pidió a Interior que "aclare cuanto antes el malentendido". Además, en un comunicado, asegura que "endurecer la ley contra las personas que vienen a trabajar a nuestro país huyendo del hambre y de la guerra o elogiar sentencias que avalan la violación de sus derechos humanos no sólo es lo contrario de lo que figura en el acuerdo de gobierno, es además lo contrario de lo que desean la inmensa mayoría de los votantes del PSOE y de Unidas Podemos".

El Gobierno intenta calmar las aguas

La Secretaría de Estado de Comunicación del Gobierno remitió ayer un comunicado a última hora de la noche en el que aseguraba que "la política migratoria es una cuestión de Estado". Por lo tanto, se comprometió a estudiar "el establecimiento de cauces para la correcta identificación entre peticiones de asilo y migraciones económicas, adecuando el sistema de asilo a la protección de nuevas realidades". Una forma, que habrá que ver cómo funciona, de calmar las aguas tensas que han enturbiado la unidad del Ejecutivo. 

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