La formación del Gobierno de España no está dejando indiferente a nadie. Con la designación del nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno, por parte de Pedro Sánchez, Dolores Delgado tuvo que asumir su cese abandonar una de las carteras ministeriales para dársela a una persona muy cercana a él, uno de los ministerios más importantes para un país. Sin embargo, nada apuntaba a que el presidente del Gobierno tuviera un nuevo puesto para ella: fiscal general del Estado, la máxima representación de la Fiscalía que, si bien está bajo el amparo del Ministerio de Justicia, pretende erigirse como un ente independiente.
La propuesta de Sánchez es un procedimiento obligatorio para que el rey Felipe VI firme el Real Decreto por el cual se designa a la ministra que exhumó los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos como nueva fiscal general del Estado. Delgado tendrá que comparecer ante la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. El cargo debe estar ocupado por un “jurista español de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión”.
Críticas de la oposición
Este nombramiento inmediato de la nueva fiscal general del Estado ha levantado las críticas de la oposición. Solo hay un antecedente de esta realidad: en 1986, Felipe González nombró al exministro de Justicia Javier Moscoso fiscal general del Estado.
Además, parte del cuerpo de fiscales en España, con un marcado carácter conservador, ha criticado que Dolores Delgado concurriera a las elecciones generales del 10 de noviembre por el PSOE y que haya dirigido el ministerio de Justicia.
