PSOE y PP rechazan por el momento aprobar una ley que regule la situación de la Corona. Ambos partidos saben que son dos de los grandes pilares de la monarquía parlamentaria, dique de contención de aquellos que quieren acabar con la Constitución de 1978 al plantear un referéndum entre monarquía y república que, si bien es legítimo por ser un debate que se pueda plantear en una democracia, no es ni el momento ni se dan las condiciones oportunas para ponerlo encima de la mesa. Los dos principales partidos de España están dispuestos a plantear cambios en torno a la Corona para garantizar la continuidad histórica de los Borbón en España, pero saben lo delicado que es y por ello quieren andar con pies de plomo en unas conversaciones discretas que planteen a las claras lo que ambas formaciones quieren.
Estas conversaciones no se han producido, según confirmas las direcciones de sendos partidos, pero ambos se han emplazado a mantenerlas en algún momento de la legislatura. El objetivo principal de la ley sería adaptar el deseo de Felipe VI de renovación y rendición de cuentas para mejorar la transparencia y la ejemplaridad a una legislación concreta y concisa. “El Rey quiere una Monarquía constitucional adaptada a la España del siglo XXI. Renovación, rendición de cuentas, ahí está trabajando Felipe VI. Vamos paso a paso. Ya irán conociendo cómo se materializa la hoja de ruta de renovación de la Corona en cuanto a transparencia y ejemplaridad”, subrayó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa de final de año que suele ofrecer el líder del Ejecutivo para hacer balance del año.
Sin embargo, no solo depende de Pedro Sánchez y Pablo Casado. Vox y Ciudadanos tampoco están por la labor en las condiciones actuales de impulsar un debate sobre la viabilidad de la Monarquía, y más en un momento tan delicado para miembros de la Familia Real y de la familia de Felipe VI como el actual. Sin embargo, todos los partidos coinciden en que debe ser un texto legislativo muy negociado y analizado por los partidos en una mesa de negociación discreta que presente una propuesta muy atada.
El campo de actuación sería en torno a la transparencia y fiscalización de las cuentas de la Casa Real. Felipe VI, al ascender al Trono en 2014, firmó tres convenios con distintos servicios. Uno de ellos fue con la Intervención General del Estado para someterse a auditorías personales sobre las cuentas de la Familia Real.
Unidas Podemos se desmarca de su socio de Gobierno y asegura que tienen una proposición de ley para determinar qué puede y qué no puede hacer el Jefe del Estado. De esta forma, se delimitarían discursos tan polémicos del Rey como el que dio el 3 de octubre de 2017, tras el referéndum ilegal del 1 de octubre sobre la independencia de Cataluña.
Casa Real no se ha pronunciado sobre una ley de la Corona. Desde la Corona aseguran que la máxima institución del Estado no se inmiscuye en asuntos parlamentarios. Solo muestras respeto absoluto ante las decisiones que tome el Congreso
