El Tribunal Constitucional insta a Torrent a frenar la moción a favor de la autodeterminación

El presidente del Parlament de Cataluña ha anunciado que no puede censurar la voz de los diputados autonómicos y que seguirá adelante con los escritos para que se voten.
Miguel P. Montes
España
05.11.2019
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El Tribunal Constitucional ha advertido al presidente del Parlament de Cafaluña, Roger Torrent, de las posibles consecuencias legales a las que se podría enfrentar la Mesa de la cámara si permite que resoluciones de dudosa legalidad, como una a favor de la autodeterminación de Cataluña y otra que reprueba al Rey y la monarquía, se lleven a termino y se voten en el Parlament. Algo que el propio Torrent ya ha anunciado que no hará y que permitirá que se voten dichas reosluciones porque "defendemos la libertad de expresión" y no se puede aplicar "la censura" en la cámara autonómica. 

El Alto Tribunal ha iniciado los trámites legales necesarios para anular los recursos presentados por el Gobierno y aprobados por la Mesa del Parlament el 22 y 29 de octubre. En los dos aprobados la primera fecha, se reivindica el derecho de autodeterminación y la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir sobre su futuro político, por un lado; y la reprobación del rey Felipe VI, por otro. En la segunda, el escrito en el que la Mesa del Parlament rechaza las peticiones de reconsideración de Ciudadanos, el PSC y el PP. Todavía no hay una fecha para que se voten dichos recursos.

En los próximos tres días, el Parlament tendría que remitir al Constitucional el acta de la sesión del día 22 y toda la documentación relacionada con la votación de ese día. Igual pasa con el acta del día 29.

Posibles consecuencias legales

El consentimiento de la Mesa del Parlament para votar dichas resoluciones parlamentaria podría constituir un delito de desobediencia al tribunal. Sin embargo, todavía no se han tomado medidas legales contra ninguno de los miembros de la cámara a la espera de las decisiones que tomen dichos componentes.  

"Adviértaseles de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir", rezan los magistrados en un escrito remitido al secretario general del Parlament, Xamier Muro. 

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