El acceso de varios funcionarios al expediente de Rocío Carrasco en el Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (VioGén) reviste indicios de un presunto delito de descubrimiento de secretos por entrada indebida a la base de datos en la que se recoge la información. Así lo ha determinado la Fiscalía, que ha transmitido su decisión a los juzgados a los que corresponden cada uno de los puntos desde los que se ingresó ilegalmente a la ficha que contiene los detalles y el historial referentes a la condición de víctima de la violencia machista de la ex mujer de Antonio David Flores, tal y como ha adelantado el diario Las Provincias y recoge la edición digital de El País.
Según han confirmado fuentes del Ministerio Público, la investigación iniciada en el mes de abril ha concluido, y de ella se desprende que fueron siete los funcionarios radicados en la provincia de Valencia que entraron a cotillear sin permiso en el expediente del Sistema VioGén de la hija de la desaparecida Rocío Jurado. Estas personas podrían haber cometido un delito de revelación de secretos, establecido en el Codigo Penal para quienes "sin estar autorizados, se apoderen, utilicen o modifiquen, en perjuicio de un tercero, datos reservados de carácter personal o familiar que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado".
Los autores serán castigados con pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Igual condena se impondrá a quienes "sin estar autorizados, accedan por cualquier medio a los referidos datos y a quienes los alteren o utilicen en perjuicio del titular o de un tercero".
Esta investigación se inició después de que el Ministerio del Interior detectara que hasta una decena de funcionarios de la Comunidad Valenciana habían entrado a husmear en los datos sobre violencia de género de la madre de Rocío y David Flores sin que su trabajo tuviera nada que ver con este particular. El acceso irregular se habría producido tras la emisión de los primeros episodios de la serie documental sobre la vida de Carrasco, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', emitida por Telecinco.
En ese momento, la Secretaría de Estado de Seguridad bloqueó la entrada al Sistema VioGén a todos estos trabajadores públicos y, posteriormente, la Consejería de Justicia de la Generalitat Valenciana les abrió un expediente informativo y otro disciplinario y puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía. El acceso a esta base de datos está limitado a funcionarios que trabajan en Servicios Sociales, a la Policía Nacional y a los jueces y magistrados. Ingresar en él deja rastro, ya que cada persona que tiene acceso al mismo dispone de una clave para entrar, dado que estamos hablando de información confidencial.
La Fiscalía de Alicante archivó las diligencias de investigación al no apreciar delito alguno y dado que "se trataba de datos que la propia interesada estaba dando a conocer por televisión", según alegaron fuentes del Ministerio Público en esta provincia. En el caso de Valencia, sin embargo, los fiscales consideran que sí hay indicios de delito y han trasladado el caso a los juzgados de Alzira, Onteniente, Moncada, Catarroja y Sueca.
El Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior se puso en funcionamiento el 26 de julio del 2007, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Sus objetivos son: aglutinar a las diferentes instituciones públicas que tienen competencias en materia de violencia de género, integrar toda la información de interés que se estime necesaria, hacer predicción del riesgo y realizar seguimiento y protección a las víctimas en todo el territorio nacional.
Así, efectúa una labor preventiva, emitiendo avisos, alertas y alarmas a través del Subsistema de Notificaciones Automatizadas cuando se detecta alguna incidencia o acontecimiento que pueda poner en peligro la integridad de la víctima. Lo que se busca es establecer una tupida red que permita el seguimiento y protección de forma rápida, integral y efectiva de las mujeres maltratadas y de sus hijos e hijas en cualquier parte de España.
