La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado este miércoles las tres causas pendientes que el rey emérito Don Juan Carlos de Borbón tenía abiertas, aunque ha dejado constancia de que el que fuera jefe de Estado entre 1975 y 2014 cometió numerosas irregularidades fiscales. El fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, ha subrayado que no va a presentar querella por "insuficiencia de indicios incriminatorios", por “prescripción del delito", por "la inviolabilidad del Jefe del Estado" o por ser válida la regularización fiscal acometida.
Las primeras pesquisas, relacionadas con "un posible delito de corrupción en los negocios, derivado de la forma en la que se produjo la adjudicación, en octubre de 2011", se cierra porque la investigación no ha podido establecer, "siquiera de modo indiciario, vinculación alguna entre el referido ingreso de 64.884.405 euros y la adjudicación del proyecto de construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad en Arabia Saudí ni, por lo tanto, que dicha cantidad guarde relación con el pago de comisión alguna".
La Fiscalía concluye que "se trataría, pues, de un regalo que pudiera haber sido recibido en consideración a la condición de Jefe del Estado que S.M. D. Juan Carlos de Borbón desempeñaba en 2008 y, por tanto, susceptible de integrar el delito de cohecho del artículo 422 del Código Penal« que, señalan, »estaría claramente prescrito".
En relación al delito de blanqueo de capitales procedente de la movilización del dinero tras recibirlo, "partiendo de la posible naturaleza delictiva de la aceptación de la referida cantidad por Don Juan Carlos de Borbón", asegura que esas conductas se produjeron cuando gozaba de inmunidad por su condición de jefe de Estado. El fiscal resalta que "ya en el mes de octubre de 2020 se evidenciaba la inconsistencia de los indicios de la relación entre la adjudicación —en octubre de 2011— de las obras de la denominada Fase II de la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad entre las ciudades de Medina y La Meca y el ingreso el 8 de agosto de 2008 de 64.884.405 euros en la cuenta de la Fundación Lucum ordenado por el rey de Arabia Saudí".
"Claramente se trata de elementos indiciarios insuficientes, sin univocidad incriminatoria, carentes de la necesaria conexión entre sí, en parte contradictorios y que, por lo tanto, no permiten construir, siquiera sea provisionalmente, una tesis inculpatoria que descarte otras alternativas igualmente lógicas", asegura el decreto.
Estos delitos, sin amparo legal al producirse tras la abdicación del monarca, en junio de 2014, "lo han sido en unas cuantías que en ningún caso alcanzarían la cuota correspondiente a un delito contra la Hacienda Pública, aun cuando tales fondos hubieran sido eventualmente entregados a un contribuyente español, algo de lo que no existe constancia alguna".
Juan Carlos anunciará acciones "la próxima semana"
En un escueto comunicado, el abogado del padre de Felipe VI, Javier Sánchez-Junco, anunció horas después en un escueto comunicado que "la próxima semana se harán en su caso, las valoraciones que correspondan" y trasladará "las decisiones que pueda tomar D. Juan Carlos".
