Las delegaciones del Gobierno de España y del Govern de la Generalitat han llegado a un acuerdo para superar la judicialización y reforzar las garantías y a otro acuerdo para la protección y el impulso de la lengua catalana.
La delegación del Gobierno de España ha estado encabezada por el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y ha estado integrada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez y el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.
Por su parte, la delegación del Govern de la Generalitat de Catalunya ha estado encabezada por la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, y sus integrantes han sido el conseller de Empresa i Treball, Roger Torrent, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena y la consellera de Cultura, Natàlia Garriga.
En esta reunión se han alcanzado también los dos primeros acuerdos de este foro: para superar la judicialización y reforzar las garantías y otro acuerdo para la protección y el impulso de la lengua catalana.
E
l acuerdo parte de la necesidad de poner fin a la judicialización de la vida política, partiendo del compromiso de conducir la actividad política e institucional de acuerdo al ordenamiento y los procedimientos democráticos, así como la eventual mejora de ambos mediante el diálogo y el consenso.
Se subraya también la necesidad de mayorías amplias y transversales para abordar los problemas políticos y la voluntad de que las instituciones preserven el interés general y adopten las máximas garantías hacia todas las personas.
Bajo estos principios, las partes seguirán trabajando para alcanzar futuros acuerdos políticos en una dinámica muy diferente a la de los últimos años que afectó de forma grave las relaciones políticas e institucionales y polarizó las posiciones políticas y sociales, especialmente dentro de Cataluña.
Este acuerdo, que reconoce la diversidad lingüística de España como un patrimonio cívico y cultural, además de como una fuente de cohesión social, tiene tres grandes ejes.
El primero es el fortalecimiento del catalán en el sistema educativo con una perspectiva pedagógica que garantice el pleno dominio oral y escrito del catalán y del castellano, así como del aranés en el Valle de Arán, de todos los estudiantes cuando terminen su etapa escolar. También reconoce la autonomía de cada centro para desarrollar proyectos educativos adaptados a la realidad social y lingüística de su entorno para reforzar una u otra lengua cuando sea necesario.
En segundo lugar, favorece una perspectiva lingüística en las políticas públicas, la legislación y las instituciones, con iniciativas como el derecho de la ciudadanía a ser atendida en la lengua oficial de su elección -especialmente en sus comunicaciones orales y escritas ante la Administración- o la ampliación del derecho de los representantes políticos a realizar su labor en todas las lenguas del Estado, para lo cual se revisará el Reglamento del Senado.
En tercer lugar, se proyectará la diversidad lingüística en el ámbito internacional, solicitando al Parlamento Europeo la consideración del catalán como lengua de uso en el pleno y facilitando la presencia de representantes de la Generalitat o su integración en la delegación española en todos aquellos foros internacionales que traten políticas con una dimensión lingüística.
Además, las previsiones de este acuerdo serán extensibles al resto de lenguas cooficiales en el caso de que así lo soliciten los gobiernos autonómicos de comunidades cuyos estatutos de autonomía contemplen una lengua oficial distinta al castellano.
