El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere que la casa arda dentro sin que salga el humo fuera. Después de las jornadas de tensión entre los socios del ejecutivo de coalición, el presidente ha aceptado que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lidere la negociación sobre la reforma labora, una ley clave en la legislatura cuya derogación llevaban como bandera tanto el PSOE como Unidas Podemos en la campaña electoral de noviembre de 2019. Sin embargo, el líder del Ejecutivo puso como condición para dotar de poder a Díaz que haya presencia socialista en las negociaciones, sobre todo del Ministerio de Economía. La vicepresidenta primera y ministra del ramo, Nadia Calviño, supervisará y vigilará dicha negociación.
Este principio de acuerdo se alcanzó en una reunión previa al Consejo de Ministros del pasado martes entre los principales ministros del PSOE y Unidas Podemos –Félix Bolaños y María Jesús Montero por parte de los socialistas e Ione Belarra, Yolanda Díaz e Irene Montero por parte de los morados-. Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, reconoció este cambio de postura en los socios del PSOE, pero insistió en que los ministros socialistas también tendrán voz en las negociaciones.
La vicepresidenta segunda ofreció a Calviño una reunión para abordar el corazón de la reforma, como el alcance o los límites de la misma. A pesar de que, jurídicamente, Economía está por encima de Trabajo -por la configuración del propio Gobierno de España-, desde Moncloa aseguran que se podría ajustar técnicamente para que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, siga dirigiendo la negociación, como lleva haciendo desde el pasado 17 de marzo. Sin embargo, el problema reside en cómo quedará la reforma laboral, que guarda una relación estrechísima sobre quién liderará la negociación. Además, entra en juego también otros actores de la negociación: sindicatos, patronal y Bruselas.
Acuerdo grueso
Lo deseable hubiera sido que Unidas Podemos aceptara la condición del socio mayoritario del Palacio de La Moncloa: que Nadia Calviño lidere la negociación final de la reforma con sindicados y patronal. Para que los pocos puentes tendidos entre ambos en este momento no saltaran por los aires, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, evitó plantear el papel de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital y, en su lugar, planteó el papel de los diferentes ministerios implicados en la misma. Por ejemplo: una de las mujeres fuertes de Sánchez en el PSOE planteó que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o incluso el de Educación y Formación Profesional participen en las negociaciones.
Sin embargo, todo forma parte de la escenificación habitual en la que está sumida la política española. Los socios gubernamentales saben que deshacer el Gobierno y convocar elecciones generales sería muy perjudicial para el bloque de izquierdas en un momento en el que algunas encuestas apuntan a que el presidente del PP, Pablo Casado, tendría mayoría absoluta con Vox de celebrarse unos comicios. El Ejecutivo necesita tiempo para consolidar la recuperación económica y que esta misma sea uno de los alardes de los socios de cara a la campaña. Además, Yolanda Díaz tampoco tiene todo preparado para lanzar su proyecto: la vicepresidenta segunda necesita plantear correctamente su estrategia de aglutinar a todas las fuerzas de izquierda en torno a un proyecto político y no un partido, unas siglas o incluso una persona.
