El Gobierno de España ha aprobado en el último Consejo de Ministros la nueva Ley de Vivienda y nuevas medidas urgentes para ampliar la protección de los consumidores vulnerables ante la escalada de los precios de la energía, ha prorrogado hasta el 28 de febrero de 2022 el denominado 'escudo social' y ha acelerado la llegada de ayudas a los afectados por la erupción del volcán de La Palma.
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La portavoz del Gobierno y ministra de @territorialgob, Isabel Rodríguez, la vicepresidenta y ministra de @mitecogob, Teresa Ribera, y la ministra de @mitmagob, Raquel Sánchez, explican en rueda de prensa los acuerdos aprobados en #CMin. https://t.co/Q3fcw2aKJ0
— La Moncloa (@desdelamoncloa) October 26, 2021
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha presentado al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, que "pretende configurar la vivienda como el quinto pilar del Estado del Bienestar" y como una "potente herramienta para luchar contra la desigualdad, marginalidad y la exclusión".
Se trata de una norma "histórica", que refuerza el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, que la ministra ha definido como aquella que es "habitable, accesible, eficiente energéticamente y que garantiza el acceso a los suministros básicos sin que su disfrute suponga un esfuerzo financiero inasumible para los ciudadanos".
Sánchez ha explicado que el texto atiende de manera especial a las personas con más dificultades y a aquellos ámbitos donde existe una mayor tensión en el mercado, ofrece seguridad jurídica y es garantista porque protege al arrendatario, al inquilino y al propietario y no invade las competencias de las comunidades autónomas.
La futura ley, según ha expuesto la ministra, pretende aumentar el parque de vivienda pública, que solo ofrece cobertura al 1,6% de los hogares frente al 10% que brindan otros países de nuestro entorno, así como combatir las subidas abusivas de los precios. "Asumimos el camino inverso a la liberalización y a las burbujas inmobiliarias y nos conectamos con la realidad de miles y miles de familias que ni siquiera podían hacer frente a los suministros básicos", ha dicho.
La futura ley impide la venta del parque público de vivienda social a fondos de inversión, ya que queda sujeto a una permanente protección y no podrá ser enajenado; establece la calificación indefinida de la vivienda protegida, e introduce el concepto de vivienda asequible incentivada, que es aquella de titularidad privada a la que se otorgan determinados beneficios fiscales o de otra índole, con la condición de que sea destinada a alquiler a precio reducido.
Raquel Sánchez también ha incidido en que se incentiva la movilización de vivienda vacía, al introducir la posibilidad de que los ayuntamientos puedan aplicar el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a las viviendas que hayan permanecido vacías durante más de dos años si el propietario tiene cuatro o más viviendas en el mismo municipio.
La norma mejora el procedimiento de desahucio en situaciones de vulnerabilidad al agilizar la comunicación entre los jueces y los servicios sociales, que tendrán que dar una respuesta habitacional a las familias. La ministra ha indicado que se amplía el periodo de suspensión de los lanzamientos hipotecarios de uno a dos meses cuando el titular propietario de la vivienda es una persona física y de tres a cuatro meses cuando es una persona jurídica.
Otra iniciativa es impulsar la vivienda protegida en alquiler a precio limitado. Sánchez ha avanzado que se establece una reserva del 30% en suelo urbanizado, fijando las compensaciones que correspondan a los titulares cuando se vean afectados derechos adquiridos. Y de esta reserva del suelo se contempla la posibilidad de que el 50% de ese 30% sea destinado a vivienda en alquiler.
Raquel Sánchez ha añadido que la futura norma permitirá a las comunidades autónomas declarar zonas de mercado residencial tensionado, en las que los arrendatarios podrán acogerse a una prórroga extraordinaria de sus contratos, de carácter anual, y por un periodo máximo de tres años.
El anteproyecto define el "gran tenedor" como la persona física o jurídica titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados. Cuando el propietario sea una persona jurídica gran tenedor, la renta de los nuevos contratos suscritos en áreas tensionadas estará limitada por el contrato anterior o el límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia; existirá un período de 18 meses desde la aprobación de la ley para la aplicación de esta última limitación.
