El asesinato de Berta Cáceres fue planificado por altos cargos empresariales y del Estado

Berta Cáceres fue asesinada en Honduras el 3 de marzo de 2016 cuando dos hombres entraron en su vivienda y le dispararon seis tiros. Defensora y activista por los derechos ambientales, lideraba su comunidad indígena Lenca en contra de una represa planeada en su tierra. A más de año y medio de su asesinato, la investigación se ha convertido en un desafío a la impunidad de las esferas de poder en Honduras.

Los familiares y abogados de Berta Cáceres siguen exigiendo transparencia en la investigación, y un equipo formado por cinco abogados internacionales, conocido como GAIPE (Grupo Asesor de Personas Expertas), han advertido de la alta probabilidad de que las personas que ordenaron el asesinato queden impunes.

La conclusión del informe de los expertos internacionales es que el asesinato no fue un hecho aislado sino que implicó “la participación de numerosos agentes estatales, altos directivos y empleados de Desa -empresa hondureña con la concesión para la presa- en la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato de Berta Isabel Cáceres”.

En la actualidad, ocho sospechosos están bajo custodia. Los abogados que están revisando el caso de Berta Cáceres afirman que lo que tiene que hacer la fiscalía hondureña es acusar formalmente a las personas que planificaron la operación.

Desa ha negado repetidamente su participación en la muerte de Berta Cáceres y en cualquier tipo de delito. No obstante,la activista había denunciado en diversas ocasiones que era víctima de amenazas de muerte. Desde el año 2010, más de 120 activistas ambientales han sido asesinados en Honduras, considerado como el país más peligroso para los defensores del medio ambiente.

Muchos de estos casos involucran a poderosos grupos que operan más allá de la ley, por lo que para Honduras sigue siendo un caso abierto desmantelar a estos grupos, luchar contra la impunidad y mostrar transparencia en los procesos judiciales.