¿Se han cumplido las promesas en Darfur? La región sudanesa sufre las consecuencias de una ofensiva que ha obligado a 2.700 personas a abandonar sus comunidades de origen. A pesar de los esfuerzos de la misión pacificadora mixta de la Unión Africana y la ONU para la región de Darfur (UNAMID), escenario de violencia desde 2003, hasta hace unas semanas parecía inalcanzable una solución militar. Así lo dio a conocer UNAMID a través de un comunicado en el que desafiaba al presidente sudanés, Omar Hasan Al Bashir, a “continuar con su labor para mantener la paz y la estabilidad” en la zona oeste del país.
En abril del año pasado, Al Bashir manifestaba que Darfur “ya no necesitaba el despliegue de la misión de paz porque la rebelión insurgente estaba llegando a su fin”. Nada más lejos de la realidad, si tenemos en cuenta que en diciembre, el dirigente de la República amenazaba a los rebeldes “con una respuesta militar si no aceptaban el acuerdo propuesto por el Gobierno”.
Después de varias semanas de tensión e incertidumbre, el alto el fuego, acordado en octubre con fecha de fin en diciembre, ha sido ampliado. Esta decisión se ha tomado en respuesta a las medidas anunciadas por Estados Unidos para retirar parte de las sanciones comerciales impuestas a Sudán como compensación por su apoyo a la lucha antiterrorista. Aprovechando este marco de aceptación, el Gobierno sudanés ha firmado este lunes un acuerdo de paz con el principal grupo rebelde de Darfur, la Segunda Revolución para la Liberación de Sudán (SRLS).
En el mundo occidental, la transparencia de esta cuestión ha estado limitada. El miedo al fracaso –como en la intervención realizada hace años en Somalia– y a encontrarse con enemigos realmente “peligrosos” podría ser una de las principales causas por la que no se le ha dado la visibilidad esperada a esta situación. Al Bashir no está solo. En este tiempo, ha contado con el apoyo de los radicales, la protección de Rusia, de cuya industria armamentista es un gran cliente, y de China, que tiene importantes contratos de explotación de sus reservas de petróleo.
Aunque no se haya producido una presión mediática clara, se ha intentado dar voz a las atrocidades cometidas que han sido calificadas como una auténtica violación de los derechos humanos. Organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional han sacado a la luz este problema cuando las principales potencias decidían mirar hacia otro lado.
Según la ONU, hasta ahora son 300 las víctimas mortales, motivo por el que Al Bashir está en la lista negra de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya. Pero la cifra no se acaba ahí. Al menos, 2,7 millones de personas han sido expulsadas de sus hogares y desplazadas a campamentos. En este sentido, ha sido ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) quien ha llevado a cabo una gran labor de protección y asistencia a la población refugiada. Gran parte ha buscado amparo dentro del país, mientras que cientos de miles han huido a los países vecinos de Chad y de la República Centroafricana.
El origen del conflicto
La pesadilla de Darfur se inició en 2003 cuando dos grupos insurgentes se alzaron en armas contra el régimen de Jartum en protesta por la pobreza y la marginación que sufrían los habitantes de esta región.
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Los desplazamientos, las violaciones y el reclutamiento de niños por parte de las milicias armadas estaban a la orden del día. Un contexto que encuadra a Darfur dentro de un ignorado caos en el que se cometían delitos a diestro y siniestro. 2008 y 2009 fueron años especialmente difíciles para esta zona. La mayoría de las organizaciones internacionales que aportaban ayuda humanitaria suspendió sus actividades por el alto riesgo que estas implicaban. Las constantes masacres ponían en alerta a estas fuerzas voluntarias que, con un profundo sentimiento de impotencia, actuaban totalmente desmoralizadas.
El papel de la ONU
Desde 2004, la Organización de Naciones Unidas no ha dejado de dictar resoluciones y prorrogarlas en su intento de combatir los ataques violentos que llevan años desatados en Darfur. Un dilema y casi un enigma que requiere medidas de toda la comunidad internacional para su erradicación. El Consejo de Seguridad de la ONU ha sido el principal testigo de la extensión del conflicto y el incremento desmesurado de víctimas y refugiados.
Apoyar el acuerdo de paz en Darfur, impedir los ataques armados y proteger tanto a civiles como a los trabajadores humanitarios son los objetivos que se han perseguido durante más de trece años.
Sin embargo, el propio organismo de la ONU se vio implicado en acciones turbulentas. Después de que China y Rusia, miembros del Consejo de Seguridad, se saltaran el embargo de armas con el fin de proporcionar armamento al ejército de Sudán, diplomáticos estadounidenses recibieron la orden de investigar a la ONU, precisamente, por esta irregularidad.
Asignaturas pendientes
Pese a los intentos de mantener en silencio a Darfur, más de una década de injusticias no puede pasar desapercibida. A día de hoy, la región se enfrenta a una lucha constante que parece interminable, mientras su población es desplazada de refugio en refugio.
Sin lugar a dudas, el reciente anuncio del Gobierno sudanés sobre el acuerdo de paz con el principal grupo rebelde de Darfur es el acto más esperanzador reconocido hasta la fecha. La firma de este pacto supone el inicio de una serie de negociaciones que podría acabar con el conflicto armado tras catorce años de hostilidades.
No obstante, la presencia de UNAMID sobre el terreno para comprobar la veracidad de esta promesa y hacer un seguimiento de su cumplimiento es un aspecto esencial para que Darfur no caiga en el olvido. Al fin y al cabo, los civiles no volverán a conciliar el sueño hasta que se garantice el regreso seguro, voluntario y sostenible de la población expulsada a sus hogares.
