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INTERNACIONAL | LOS JUECES EUROPEOS CONSIDERAN QUE ESTAS PRÁCTICAS COMERCIALES SON DESLEALES CON EL CONSUMIDOR

El coste de una llamada a un teléfono postventa no debe exceder al de una estándar

Por CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ PONTÓN. 02/03/2017

El Tribunal Europeo considera que si los comerciantes tuviesen derecho a cobrar tarifas más elevadas que una estándar, los consumidores podrían rehusar a utilizar el servicio.

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Imagen de una operadora atendiendo una llamada en un centro de atención telefónico / Fotografía: alanclarkdesign

La empresa alemana Comtech comercializa aparatos eléctricos y electrónicos. En su sitio de Internet presentaba un número de teléfono de servicio postventa con el prefijo 0180, utilizado generalmente en Alemania para servicios de asistencia sujetos a una tarifa nacional. El coste de una llamada a ese número especial (no geográfico)  es mayor que el de una llamada estándar a un número fijo (geográfico) o a un número móvil. El coste en Alemania de una llamada desde la red fija es de 0,14 euros por minuto, mientras que en la red móvil el precio estándar es de 0,42 euros por minuto.

Una asociación alemana de lucha contra las prácticas comerciales desleales (Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main) ejercitó una acción ante el Landgericht Stuttgart (Tribunal Regional Civil y Penal de Stuttgart, Alemania) solicitando que se ordenase a Comtech cesar en esa práctica comercial que consideraba desleal. En este contexto, el Landgericht solicitó al Tribunal de Justicia que interpretase previamente la Directiva sobre los derechos de los consumidores.  La Directiva comunitaria a la que se hace mención es la 2011/83/UE aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo el 25 de octubre de 2011. El texto regula los derechos de los consumidores, modificando una Directiva anterior, la 93/13/CEE que era vigente hasta entonces.

Según dicha Directiva, los Estados miembros deben velar por que, en caso de que el comerciante opere una línea telefónica a efectos de comunicarse con él en relación con los contratos celebrados con los consumidores, éstos no estén obligados a pagar más de la tarifa básica por las llamadas a esa línea. No obstante, la Directiva no define el concepto de «tarifa básica».

Mediante la sentencia que ha emitido hoy, el Tribunal de Justicia responde que el concepto de «tarifa básica» debe interpretarse en el sentido de que el coste de una llamada a una línea telefónica de asistencia operada por un comerciante, en relación con un contrato celebrado, no puede exceder del coste de una llamada a una línea telefónica fija geográfica o móvil estándar.

Según el Tribunal de Justicia, la «tarifa básica» equivale, en el lenguaje corriente, al coste de una llamada estándar. Tanto el contexto en que se emplea este concepto en la Directiva como la finalidad de ésta, que consiste en garantizar un nivel elevado de protección de los consumidores, confirman que debe entenderse en ese sentido habitual.

En efecto, si los comerciantes tuviesen derecho a cobrar tarifas más elevadas que la de una comunicación estándar, los consumidores podrían ser disuadidos de hacer uso de la línea telefónica de asistencia para obtener aclaraciones relativas al contrato o para hacer valer sus derechos, en particular en materia de garantía o de desistimiento.

El Tribunal de Justicia aclara, por otra parte, que siempre que se respete el límite del coste de una llamada estándar, la circunstancia de que el comerciante obtenga o no beneficios por medio de esa línea telefónica de asistencia es irrelevante.

Según informa, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio que están conociendo, se dirijan al Tribunal de Justicia para consultar o preguntar acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia aclara que no resuelve el litigio nacional, ya que es el tribunal nacional el que debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

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