El Gobierno y el PP, junto al resto de partidos con representación parlamentaria salvo Vox, han alcanzado un acuerdo para renovar el pacto de Estado contra la Violencia de Género. El acuerdo llegaba en el Día Internacional contra la violencia de las mujeres. El texto plasma “la voluntad renovada de todos los actores institucionales de seguir trabajando por el cumplimiento de las medidas” que defiende una financiación “pública, estable, suficiente, adecuada, con independencia del ciclo económico”.
El texto crítica la postura de la ultraderecha sin mencionarlo: “La protección de los derechos de las mujeres y la erradicación de cualquier tipo de violencia machista se debe explicitar combatiendo de forma expresa los discursos negacionistas”, señala el dictamen. Había mucho interés por parte de los dos socios de Gobierno en “reflejar que el pacto sigue vigente”
El texto íntegro
A continuación, compartimos con ustedes el pacto renovado entre todos los partidos políticos salvo Vox para renovar las políticas contra la lacra machista:
El Pacto de Estado contra la Violencia de ge´nero alcanzado en 2017 en el Congreso de los Diputados supuso un consenso sin precedentes para consolidar una poli´tica de Estado frente a la violencia contra las mujeres en Espan~a, asegurar el cumplimiento de las obligaciones normativas en esta materia y garantizar la respuesta a todas las manifestaciones de la violencia machista, ma´s alla´ de la violencia de ge´nero de la pareja o expareja. Adema´s, de los tratados ratificados sobre la materia, como el Convenio del Consejo de Europa sobre prevencio´n y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia dome´stica o el Convenio de Estambul, la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, comprometen a Espan~a a redoblar los esfuerzos para que la erradicacio´n de la violencia contra las mujeres y nin~as siga siendo una prioridad. La reduccio´n de la violencia contra las mujeres es un factor catali´tico para la consecucio´n de los ODS y es fundamental para el logro de la igualdad de ge´nero y el empoderamiento de las mujeres y las nin~as, asi´ como de la promocio´n de sociedades justas, paci´ficas, inclusivas y cohesionadas (objetivos 5 y 16).
Con motivo del veintido´s aniversario de la designacio´n por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 25 de noviembre como el Di´a Internacional de la Eliminacio´n de la Violencia contra las Mujeres, cobra sentido que se plasme en un nuevo Dictamen la voluntad renovada de todos los actores institucionales de seguir trabajando por el cumplimiento de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Ge´nero y el establecimiento de un marco ampliado y permanente para el desarrollo de poli´ticas pu´blicas que lo fortalezcan. La proteccio´n de los derechos de las mujeres y la erradicacio´n de cualquier tipo de violencia machista se debe explicitar combatiendo de forma expresa los discursos negacionistas.
Por ese motivo, cuatro an~os despue´s de alcanzar el Pacto de Estado, los grupos parlamentarios, conscientes de que este mandato no puede tener como horizonte temporal el mes de septiembre de 2022, sino que debe continuar vertebrando nuestra respuesta como pai´s frente a la violencia machista, asumimos la responsabilidad de actualizarlo a trave´s de este nuevo Dictamen que comprometa el refuerzo de la respuesta institucional integral frente a la violencia contra las mujeres, para:
Consolidar un sistema de co-gobernanza, de cooperacio´n institucional y de actuacio´n especializada en la Administracio´n General del Estado, las Comunidades Auto´nomas, las Diputaciones Forales y en las Entidades que integran la Administracio´n Local, incluyendo a las Diputaciones, a los Cabildos y Consejos Insulares, respetando su a´mbito competencial y siguiendo el espi´ritu del Pacto de Estado de situar a los municipios en el primer plano de respuesta.
Hacer permanente la obligacio´n de dotar de una financiacio´n pu´blica estable, suficiente, adecuada, con independencia del ciclo econo´mico, para sostener las actuaciones dirigidas a prevenir la violencia contra las mujeres, mejorar su deteccio´n y asegurar una respuesta integral y especializada a las vi´ctimas por parte de la Administracio´n General del Estado, de las comunidades auto´nomas, de las entidades
locales y de los territorios forales dentro del marco de la Disposicio´n adicional primera de la Constitucio´n. La financiacio´n pu´blica debe tener la flexibilidad y la capacidad de ser ejecutada de forma plurianual para poder llevar a cabo la continuidad de los proyectos y asegurar que las actuaciones realizadas tengan un mayor impacto.
En cumplimiento de los arti´culos 8 y 9 del Convenio de Estambul, garantizar la financiacio´n de los fondos del Pacto de Estado para el desarrollo por parte de entidades sin a´nimo de lucro, tanto estatales como autono´micas, de programas de prevencio´n y sensibilizacio´n, asi´ como de acompan~amiento y atencio´n a vi´ctimas y sobrevivientes de cualquiera de los tipos de violencia contra las mujeres, incluidas las vi´ctimas menores de edad.
Asegurar la especializacio´n profesional, en colaboracio´n entre las diferentes administraciones y respetando su a´mbito competencial, de todos los sectores que intervienen, directa o indirectamente, en la prevencio´n de la violencia, en la atencio´n a las vi´ctimas y/o tienen relacio´n directa con los perpetradores, especialmente en el a´mbito de la justicia, asi´ como formacio´n especializada para aquellos profesionales que tengan un contacto habitual con nin~os, nin~as y personas menores de edad.
Establecer la obligacio´n de aprobar cada cinco an~os una Estrategia Estatal frent e a la violencia contra las mujeres, como marco de poli´tica pu´blica que ponga las bases para el desarrollo efectivo de la normativa sobre la materia, respetando en todo caso el a´mbito competencial.
Hacer permanente el Plan Estatal de Sensibilizacio´n y Prevencio´n como la poli´tica especi´fica de prevencio´n y sensibilizacio´n, que siguiendo las previsiones del Convenio de Estambul debera´ englobar las cuatro iniciativas principales: programas de educacio´n; campan~as institucionales de concienciacio´n social, dirigidas en particular a hombres y nin~os; poli´ticas dirigidas al sector de las tecnologi´as de la informacio´n y los medios de comunicacio´n, con especial atencio´n a la prevencio´n de la violencia en el a´mbito digital, y campan~as de toma de conciencia o autopercepcio´n sobre las violencias machistas dirigidas a mujeres.
Adecuar la normativa estatal al Convenio de Estambul, asegurando una respuesta integral y contextualizada a todas las formas de violencia contra las mujeres incluidas en este tratado, con previsio´n expresa de la violencia econo´mica, la violencia vicaria, y la violencia en el a´mbito digital, tal y como establece el mandato legislativo aprobado por la mayori´a de los grupos parlamentarios.
Reforzar la proteccio´n de aquellas mujeres que enfrentan otras formas de discriminacio´n y obsta´culos an~adidos en la salida de la violencia y la reparacio´n y son doblemente vulnerables, como las mujeres mayores, las mujeres migrantes, las mujeres rurales, las mujeres pertenecientes a minori´as e´tnicas, las mujeres con discapacidad o mujeres en situacio´n administrativa irregular.
Perfeccionar los circuitos de atencio´n integral de la violencia machista declarando servicios esenciales todos los servicios y recursos de reparacio´n y atencio´n integral a las vi´ctimas, y extender la asistencia integral especializada a todas las formas de violencia contra las mujeres.
Reforzar las medidas que faciliten la autonomi´a econo´mica dirigidas a las mujeres que hayan sido vi´ctimas de violencia de ge´nero, especialmente en el a´mbito laboral.
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Ampliar la red de recursos, segu´n los esta´ndares de disponibilidad, accesibilidad y calidad, como establecen los organismos internacionales de derechos humanos, con especial atencio´n a la accesibilidad en zonas rurales, a trave´s, entre otras medidas, de la digitalizacio´n de los servicios de atencio´n y la garanti´a de movilidad interterritorial.
Establecer un sistema de recogida de informacio´n homoge´neo y permanente de monitoreo de la accio´n de la Administracio´n General del Estado, las Comunidades Auto´nomas, Diputaciones y Entidades Locales, tanto municipios, como Cabildos y Consejos, asi´ como de la Fiscali´a y el Poder Judicial, por parte del departamento ministerial competente. Se elaborara´n informes cuatrienales de cumplimiento por parte del Ministerio de Igualdad y las Comunidades de Auto´nomas y se remitira´n a la Comisio´n de seguimiento y evaluacio´n de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Ge´nero en el Congreso de los Diputados y a las administraciones competentes, como medida de evaluacio´n y rendicio´n de cuentas sobre los procesos de implementacio´n de la normativa y de las poli´ticas pu´blicas y su impacto en la violencia contra las mujeres.
Elaborar y presentar por parte de la Comisio´n de seguimiento y evaluacio´n de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Ge´nero del Congreso de los Diputados y por parte de la Comisio´n Especial de seguimiento y evaluacio´n de los acuerdos del Informe del Senado sobre las estrategias contra la Violencia de Ge´nero aprobadas en el marco del Pacto de Estado del Senado, un informe de actividad y de evaluacio´n del cumplimiento de las medidas del Pacto, con una periodicidad cuatrienal.
