jueves, 23 de septiembre de 2021

Fiscalía investiga accesos indebidos a los datos de violencia de género de Rocío Carrasco

Interior bloquea la entrada al sistema de seguimiento de víctimas a una decena de funcionarios en la Comunidad Valenciana


Fiscalía investiga accesos indebidos a los datos de violencia de género de Rocío Carrasco
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La Fiscalía ha abierto diligencias para investigar a una decena de funcionarios que han accedido de forma indebida al expediente de Rocío Carrasco en el sistema de vigilancia de víctimas de violencia machista, conocido como VioGén, según informa este jueves el diario El País. Este periódico asegura que las pesquisas se iniciaron después de detectar que estas personas habían entrado a husmear los datos sobre la hija Rocío Jurado "sin que su trabajo tenga nada que ver con su caso".

Al parecer, la mayoría de las entradas ilícitas han tenido lugar en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón, aunque no se descarta que haya habido más accesos puntuales desde otras zonas.

De acuerdo con el medio de Prisa, fue después de la emisión en Telecinco del primer capítulo de la serie documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' cuando al menos diez trabajadores públicos entraron al expediente de la ex mujer de Antonio David Flores "para curiosear la información que el sistema recoge sobre las denuncias por violencia machista que había presentado Carrasco y el seguimiento que se le había realizado"

Asimismo, El País señala que ese acceso, que está limitado a funcionarios que trabajan en Servicios Sociales, a agentes de la Policía y a jueces, deja rastro, ya que cada una de las personas que tienen acceso al mismo dispone de una clave para entrar, dado que se trata de información confidencial.

El Ministerio del Interior detectó estos accesos indebidos a partir del 22 de marzo, un día después de estrenarse el primer episosio de la polémica 'docuserie' de Mediaset. Cuatro días más tarde, se descubrió que los funcionarios que, aparentemente, habían entrado a cotillear no estaban relacionados con el caso de Rocío Carrasco. Entonces, la Secretaría de Estado de Seguridad decidió bloquearles el acceso a todo el sistema.

Tal y como indica el mencionado diario, que cita fuentes del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, "la administración puso en conocimiento de estos trabajadores el motivo por el que se les había bloqueado el acceso cuando comenzaron a reclamar la imposibilidad de entrar a una herramienta que es fundamental para su trabajo".

Posteriormente, el día 31 de marzo, la Consejería de Justicia de la Generalitat Valenciana "abrió un expediente informativo y otro disciplinario y puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía". A partir de ahí, el Ministerio Público abrió diligencias para investigar los hechos en las tres provincias de la Comunidad, aunque en Alicante el caso ya ha sido archivado, cuenta el citado periódico. 

Una vez bloqueada su entrada al sistema, la consejería separó a los funcionarios del servicio de atención a las víctimas. Según fuentes de Justicia consultadas por El País, estos trabajadores no han sido reubicados, pero sí destinados a otros menesteres. Sin embargo, el mismo medio afirma que ha podido conocer que "algunos de ellos se quejan de que acuden diariamente a su puesto de trabajo, pero no tienen asignada ninguna ocupación desde hace más de dos meses"

Cabe destacar que "en ningún caso se ha detectado que los datos consultados se hayan utilizado para otra cosa que satisfacer la curiosidad personal". Cada expediente incluido en el sistema VioGén contiene la identificación de las víctimas y sus agresores, las denuncias que se han presentado al respecto, las fechas de las mismas, las resoluciones judiciales que se hayan adoptado, informes periciales y el seguimiento del caso por parte de la Policía.

El Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género entró en funcionamiento en el año 2007. Desde entonces, más de 635.000 mujeres víctimas de violencia machista han sido atendidas por agentes policiales y se han realizado más de 4,7 millones de evaluaciones de riesgo, según datos del Ministerio del Interior.

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