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El estado de alarma decretado este sábado por el Gobierno limitará la libre circulación de personas en todo el territorio español durante 15 días por la expansión del coronavirus por el país. El real decreto que entrará en vigor el próximo lunes a las 08.00 horas solo permitirá que los ciudadanos salgan a la calle en las dos próximas semanas si tienen que ir a trabajar, a comprar a los supermercados o farmacias, para volver al domicilio y para acudir a centros de salud o cuidar a personas mayores o dependientes.
Los vehículos podrán circular por las calles en las condiciones citadas anteriormente o siempre que acudan a gasolineras o estaciones de servicio. En este línea, los transportes públicos seguirán activos aunque se reducirán un 50%.
Además, el Gobierno insta a las empresas a facilitar el teletrabajo a todos sus empleados. “Los empleadores, tanto públicos como privados, estarán obligados a facilitar medidas que permitan la prestación laboral o funcionarial de los empleados por medios no presenciales siempre que ello sea posible”, reza el texto.
El Gobierno se erige como la autoridad competente en esta crisis sanitaria. Además, habrá cuatro ministerios delegados “en sus respectivas áreas de responsabilidad”: el de Defensa, el de Interior, el de Transportes y el de Sanidad. El Ejército ha dejado de lado sus maniobras y ocupaciones para ponerse al servicio del Gobierno y luchar contra la expansión del coronavirus.
Además, el Ejecutivo permite que todos los ciudadanos que se hayan ido a segundas residencias vuelvan a sus casas, aunque les señala que no podrán volver a salir. Además, se anuncia que el Ministerio de Interior podrá “acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos”.
Las autonomías dejarán de dirigir las decisiones regionales sobre la crisis del coronavirus. Simplemente tendrán que acatar lo que el Ministerio de Sanidad decida. Es decir: se quedan con la gestión de la competencia de Sanidad pero no con la toma de decisiones.