“El quinto aniversario de la crisis rohinyá debe ser un momento decisivo en la búsqueda urgente de justicia para las víctimas y para exigir cuentas a los responsables” ha declarado Amnistía Internacional en un comunicado de prensa.
El 25 de agosto de 2017, el ejército de Myanmar realizó operaciones violentas contra la población rohinyá en el estado de Rajine que constituyeron “graves crímenes de derecho internacional y el incendio de pueblos enteros” recuerda Amnistía Internacional. “Se cometieron homicidios extrajudiciales, se destruyeron propiedades y se perpetraron agresiones sexuales” según datos de AI. Esta crisis obligó a más de 740 rohinyás a huir hacia Bangladesh donde viven en campos de refugiados.
Los rohinyás, una minoría musulmana
Los rohinyás son una minoría musulmana dentro de un estado budista. Desde los años noventa del pasado siglo han sufrido persecución y por ello han huido de Myanmar en diversos momentos, hasta la gran crisis de 2017. Hoy en día son casi un millón los rohinyás que viven desplazados en Bangladesh.
“Este solemne aniversario es un inquietante recordatorio de que ni un solo oficial de alta graduación de las fuerzas armadas de Myanmar ha sido enjuiciado por la atroz campaña de violencia contra la población rohinyá” ha manifestado Min Yu Hah, directora regional de Campañas de Amnistía Internacional.
“Padecemos dificultades enormes en los campos de refugiados”
San thai Shin, refugiado rohinyá en el campo de Cox’s Bazar de Bangladesh ha asegurado a Amnistía Internacional el pasado mes de junio que padecen dificultades enormes en los campos de refugiados. “No sabemos cómo podremos volver alguna vez a casa, no estamos a salvo en los campos de refugiados ni en Arakán (estado de Rajine en Myanmar)”.
Los rohinyás de Bangladesh viven en una situación incierta sin esperanzas de regresar a su hogar en Myanmar. “Nuestro pueblo está perdiendo la vida por la violencia de las bandas en los campos de refugiados, por el desastre medioambiental o por intentar migrar a otros países por vías peligrosas, a través de mares mortales y por otros medios” ha explicado San thai Shin.
La población rohinyá del estado de Rajine en Myanmar sigue careciendo de libertad de circulación y también de otros derechos fundamentales como el acceso a la alimentación, a la atención médica y educación adecuadas. Todos estos problemas se agravaron a raíz del golpe de Estado militar de 2021
“Es esencial que haya una justicia real para poner fin a la espiral de impunidad que asola Myanmar desde hace muchos años” piden desde la organización de derechos humanos.
La justicia internacional avanza con lentitud
Myanmar no ha ratificado el estatuto de la Corte Penal Internacional por lo que las investigaciones sobre los crímenes contra la población rohinyá en este país se encuentra con serias dificultades. Por ahora está investigando crímenes cometidos en los años 2016 y 2017 en países limítrofes.
Aún así, se están dando avances como en el pasado julio, momento en el que la CPI rechazó las objeciones de Myanmar decidiendo que sí tiene jurisdicción para continuar las actuaciones iniciadas por el gobierno de Gambia contra el gobierno de Myanmar en 2019 en virtud de la Convención sobre el Genocidio.
Esta decisión “es un paso vital en los esfuerzos en curso para hacer que el gobierno de Myanmar rinda cuenta de sus actos” ha asegurado Ming Yu Hah.
La Organización Rohinyá Birmana Reino Unido (BROUK) ha iniciado una causa contra el gobierno de Myanmar en Argentina. Esto es posible en aplicación del principio de jurisdicción universal, que permite a las autoridades de un país investigar crímenes de derecho internacional en cualquier lugar del mundo en nombre de la comunidad internacional.
Llamamiento a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
Ming Yu Hah hace un llamamiento a la Asociación de Naciones del Sudesde Asiático para que desempeñe “un papel más enérgico, resuelto y de liderazgo en la defensa del pueblo rohnyá y presione para exigir responsabilidades a Myanmar”.
Así mismo, Amnistía Internacional ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que remita toda la situación de Myanmar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para su investigación.
La represión tras el golpe de Estado de 2021
En un reciente informe publicado por Amnistía Internacional sobre la situación del país asiático ha documentado “la represión y la detención arbitraria de quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, así como desapariciones forzadas, torturas y otros tratos inhumanos en detención”.
También muestra el informe que el ejército está cometiendo crímenes de guerra al colocar minas terrestres prohibidas en el estado de Kayah y castigan colectivamente a la población civil con ataques y bombardeos.
Tras décadas sin aplicar la pena capital, se han ejecutado a cuatro personas tras juicios manifiestamente injustos, señala Amnistía Internacional.
