El rey Juan Carlos tiene que hacer frente a un nuevo problema judicial. Su examiga especial Corinna Larsen le denunció a finales de 2020 por un presunto delito de acoso y ahora la sala Civil del Tribunal Superior de Justicia Británico tiene que dirimir si es competente para enjuiciar o no al monarca. Los pasados lunes y martes el juez Matther Nicklin escuchó a las partes y, según la defensa del padre de Felipe VI, ese tribunal no tiene competencia sobre el caso porque Don Juan Carlos goza de inmunidad al seguir perteneciendo a la Casa Real.
El exasesor legal de los gobiernos del Reino Unido e Israel, Sir Daniel Bethlehem -defensa de Don Juan Carlos-, y el exgobernador de las Malvinas y colaborador clave en el caso contra el dictador chileno Augusto Pinochet, James Lewis -defensa de Corinna Larsen-, presentaron sus argumentos ante el juez a principios de semana. Sin embargo, el magistrado inglés ha solicitado a España que determine si el que fuera Jefe de Estado entre 1975 y 2014 sigue siendo miembro de la Casa Real para determinar si sigue gozando de inmunidad. Este es un punto clave para valorar si el juicio por presuntos delitos de acoso, seguimiento ilegal y difamación sigue adelante o no. “Me sentiría mucho más cómodo si el Estado español pudiera confirmarme que Juan Carlos I sigue siendo un miembro de la Familia Real. No me gustaría tener que entrar en un terreno de Derecho Constitucional español en el que no me siento a gusto”, recalcó el juez en varias casiones.
Bethlehem se ha aferrado a la Ley de Inmunidad de Estado que Reino Unido aprobó en 1978 para construir tres argumentos. El primero es que todo aquello referido a Corinna Larsen antes de junio de 2014 es inimputable por la inmunidad de la que gozaba ratione personae (por razón de la persona) al ser Rey de España. Además, una vez fuera del Trono, esta inmunidad se mantiene porque, en el diseño constitucional español del que Juan Carlos I es “piedra angular”, mantiene su condición de soberano y de miembro de la Casa Real. Precisamente estas dos son las condiciones -sovereign y member of his household- las que se entiende de la inmunidad de Estado de 1981.
Por su parte, Lewis utilizó unos ejemplos un tanto extremos para intentar encausar al padre del Rey. “Si un jefe de Estado mata su jardinero en un ataque de rabia, difícilmente puede concebirse, ni siquiera estirando la imaginación, que haya realizado ese acto en ejercicio de sus funciones de jefe de Estado. Maltratar o acosar a una mujer con la que el acusado tuvo una relación sentimental es un asunto privado. Es casi ridículo sostener que el Estado español es el que cometió esos actos”, asegura el abogado de la examante de Juan Carlos I. Por ende, sostiene que no existe inmunidad que encubra dichos actos.
Esta es otra noticia judicial que ha afectado de lleno al exmonarca en las últimas jornadas. El pasado 2 de diciembre se conoció que la Fiscalía General del Estado ha prorrogado seis meses la investigación sobre las supuestas cuentas fraudulentas de Don Juan Carlos de Borbón antes de decidir si archiva definitivamente las pesquisas en torno a su figura. El último plazo concedido por el ministerio fiscal se dilataba hasta el próximo 17 de diciembre y ya se planteaba la posibilidad de archivar la investigación porque se antojaba imposible atribuir ningún delito al padre de Felipe VI. Según fuentes fiscales, Suiza sigue investigando las cuentas del emérito y esto ha motivado a prorrogar los plazos de análisis, ya que habría hasta tres líneas de investigación en curso sobre el dinero oculto en un trust financiero en el paraíso fiscal de Jersey.
