La Fiscalía del Tribunal Supremo renunciará en las próximas semanas a presentar una querella criminal contra Don Juan Carlos de Borbón, rey de España entre 1975 y 2014, por los obstáculos legales que conllevaría su imputación. La imposibilidad de perseguir delitos cometidos por el monarca durante su reinado por la inviolabilidad jurídica que rodeaba a su persona, las dos regularizaciones fiscales que presentó en diciembre de 2020 y febrero de 2021, la prescripción de delitos y la falta de otras pruebas cierran la puerta al Ministerio Fiscal para presentar querellas contra el padre de Felipe VI.
La Fiscalía del Supremo y la Fiscalía Anticorrupción están preparando "un amplio documento" para justificar el archivo de las tres causas abiertas contra el emérito, según adelantaba El Confidencial y aseguran a COLUMNA CERO fuentes conocedoras de la investigación.
Ambas fiscalías trabajaban desde hace más de dos años sobre la investigación de delitos fiscales y otros relacionados con los distintos negocios internacionales en los que, presuntamente, habría participado Juan Carlos I. La Fiscalía investigaba la existencia de cuentas opacas del emérito en paraísos fiscales y el cobro de comisiones ilegales por la supuesta mediación del monarca emérito en el contrato de las obras del AVE a La Meca a favor de un consorcio empresarial español.
La Fiscalía concluirá que algunos de los delitos investigados, como los supuestos fondos ocultos en el paraíso fiscal de Jersey a través de un trust financiero hace más de tres décadas, están prescritos. Otros delitos no son perseguibles, como cuando Juan Carlos I no declaró a Hacienda una donación de 100 millones de dólares procedentes del rey de Arabia Saudí en 2008 que ingresó en una cuenta suiza a nombre de una fundación creada en Panamá porque se produjeron antes de 2014 y gozaba de la inviolabilidad que rodea al Rey de España. El artículo 56.3 de la Constitución recoge lo siguiente: "La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad".
De aquellos delitos que se pueden abarcar a partir de 2014, como el uso de dinero del empresario mexicano Sanginés-Krause que Don Juan Carlos gastó sin declararlo, ha dejado sin argumentos legales a la Fiscalía por las dos regularizaciones fiscales del emérito. El ministerio público asegura que no es posible querellarse por ese delito fiscal porque el emérito presentó ante la Agencia Tributaria un primer pago en diciembre de 2020, por el dinero recibido por parte del empresario mexicano y no declarado, y en febrero de 2021, por los regalos de su primo Álvaro de Orleans para viajes en vuelos privados a través de la Fundación Zagatka.
La investigación de la Fiscalía considera que las dos regularizaciones son legales e impiden una posible actuación legal por parte del Ministerio Fiscal. No obstante, la polémica gira en torno a la notificación que el Supremo envió al emérito sobre la apertura de diligencias en torno a su persona: algunos magistrados defienden la nulidad de cualquier regularización fiscal una vez se comunica a la persona afectada la apertura de una investigación; otros defienden que es legal en el caso de que la notificación no determine qué se está investigando en concreto.
