Según fuentes del diario "The Irrawaddy News", la adscripción de los médicos al llamado Movimiento de Desobediencia Civil ha supuesto "un duro golpe para la Junta Militar" al proceder en su mayoría de hospitales gestionados por el Gobierno que han supuesto una ayuda inestimable a la población, en especial en tiempos del coronavirus, que ha costado la vida de más de 3 personas en el país.
El líder del golpe, el general mayor Min Aung Hlaing, tradicionalmente hermético durante las protestas, rompió su silencio este jueves al pedir al personal médico, específicamente, que "volviera al trabajo". "Quiero instar a los médicos a que lleven a cabo la atención médica pública en sus hospitales lo antes posible", declaró.
La mayoría de los hospitales públicos de todo el país apenas han funcionado desde la semana pasada. En la región de Ayeyarwady, en el delta del país, el Hospital General regional de Pathein ha estado prácticamente cerrado desde la semana pasada debido a que la mayoría de los 300 empleados del hospital han estado en huelga, según informaciones de fuentes médicas. Los hospitales en otras áreas de la región como Phyapon y Myaung Mya también han detenido sus operaciones y el movimiento se está extendiendo a los centros médicos de otras regiones.
Las autoridades han ejercido presión sobre los médicos, denuncia el colectivo. A primera hora del viernes, la Policía de Mandalay allanó sin orden judicial la casa del profesor Khin Maung Lwin, rector de la Universidad de Medicina de Mandalay, por apoyar al movimiento. Las hijas del rector procedieron a publicar en un directo en Facebook los intentos de la Policía para detener a su padre. Los agentes acabaron retirándose después de que los residentes aparecieran en la calle, golpeando ollas y sartenes.
Para intentar facilitar la atención médica, los militares han abierto al público sus propios hospitales, pero según las fuentes de "Irrawaddy", apenas disponen de las instalaciones necesarias para cubrir todas las necesidades de la población.
La dictadura birmana ordena detener a los líderes de las protestas
Por otra parte, el dictador birmano, el general Min Aung Hlaing, ha emitido este sábado una orden para detener a las cabezas visibles de las movilizaciones de protesta contra el golpe de Estado del pasado 1 de febrero. En concreto, se han emitido órdenes de detención contra siete personalidades conocidas por sus críticas al Ejército y sus publicaciones en redes sociales. La gente debe informar a la Policía si ve a cualquiera de estos siete sospechosos y podría ser sancionada si les dan refugio. Formalmente las órdenes se amparan en el artículo 505 B del Código Penal, que prevé hasta dos años de cárcel por comentarios que puedan causar alarma o "amenazar la tranquilidad". En la lista está Min Ko Naing, una de las figuras más destacadas en la convocatoria de protestas en acciones de desobediencia civil y que ya estuvo en prisión entre 1988 y 2012. También se ha ordenado la detención de "Jimmy" Kyaw Min Yu, otro veterano de la revolución de 1988 y de la cantante "Lynn Lynn" Htwe Lynn Ko, conocida simpatizante de la líder "de facto" Aung San Suu Kyi, detenida desde los primeros momentos de la sublevación militar.
Además, el gobierno militar ha suspendido las leyes de "protección para la privacidad y los ciudadanos", las normas introducidas para evitar que se espiara a los activistas políticos o que fueran detenidos sin orden judicial. Ahora las fuerzas de seguridad pueden mantener bajo arresto a sospechosos más allá de las 24 horas de límite que imponía la ley y además podrán entrar en una propiedad privada incluso provocando daños si fuera necesario para realizar detenciones. Igualmente podrán espiar todas las comunicaciones. La nueva normativa recupera los serenos en todas las poblaciones y la necesidad de registrarse para pasar la noche en cualquier lugar distinto al domicilio propio.
El Ejército de Birmania asumió el poder el 1 de febrero tras la detención de los principales dirigentes políticos del país, tras lo que declaró el Estado de Emergencia durante un año. El golpe llegó tras las recientes tensiones a raíz de las elecciones generales de noviembre, en las que tanto la oposición como el Ejército han denunciado posibles irregularidades, aunque sin presentar pruebas. Desde entonces, las manifestaciones se han sucedido en las calles para condenar el golpe y han sido duramente reprimidas.
El Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos han anunciado este jueves pasado sanciones contra el comandante del Ejército de Birmania, el general Min Aung Hlaing, que lideró el golpe de Estado así como otros nueve oficiales y a tres empresas que están vinculadas con las Fuerzas Armadas birmanas. Además de estas sanciones, Estados Unidos se está preparando para "tomar medidas adicionales si el Ejército de Birmania no cambia de rumbo", ha advertido la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.
