La ex-amante del rey emérito, Juan Carlos I, en una conversación con el polémico comisario Villarejo, le acusó de llevar a cabo prácticas opacas y de estar usando a la alemana como testaferro “involuntario”… Pues bien, lo que fue considerado una auténtica venganza le podría llevar a pasar varios años en prisión (incluso, una década).
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Corinna parecía totalmente fascinaba durante su conversación con el poderoso empresario Juan Villalonga (marido de una de sus mejores amigas) y el polémicokij comisario Villarejo en un lugar que ha hecho historia: el apartamento ubicado en la elitista zona de Eaton Square de la ciudad de Londres. Estamos hablando del mes de junio del año 2015. La alemana se mostraba muy segura de sí misma y con argumentos muy claros para exculparse de todos los posibles delitos. Una frase que ha cuestionado la figura del Rey salió de sus labios: “De repente vi en la cuenta del banco una gran cantidad de dinero y le dije: ¿De dónde sale ese dinero? Y él dijo (Juan Carlos I): De Arabia Saudí.”.
Ahora el fiscal suizo que está al frente del caso contempla hasta diez años de pena de prisión para Corinna Larsen por delitos de blanqueo y soborno. La comisión rogatoria enviada por el propio Yves Bertossa ha detallado todas las posibles penas a las que se va a enfrentar la ex-amante del monarca y los gestores del entramado societario que está siendo investigado.
Según Vox Populi, el fiscal suizo que se encarga de la investigación (que él mismo impulsó) que determinará el futuro judicial del rey emérito contempla penas que llegarían a los diez años de prisión para la que fuera amante del Rey y empresaria de doble nacionalidad, germano-danesa, Corinna Larsen. También para los gestores que se encargaron de diseñar todo el entramado societario que le sirvió al propio Juan Carlos I para ingresar la cantidad de 64,8 millones de euros que recibió de Arabia Saudí en el año 2008 (y que equivaldría a cien millones de dólares de aquel momento).
Esto es lo que consta en la primera comisión rogatoria que Yves Bertossa, como representante del ministerio público, remitió a la Audiencia Nacional el pasado 19 de agosto del año 2019. En ella se deja claro que se está investigando a Corinna Larsen, Arturo Fasana y a Dante Canonica por presuntos delitos de blanqueo y de “soborno de funcionarios públicos extranjeros”. Igualmente el banco local, Mirabaud, está siendo investigado.
El fiscal deja claro teniendo en cuenta lo que marca la actual legislación suiza: “Cabe calificar los hechos anteriormente mencionados de soborno de funcionarios públicos extranjeros (art. 322 del Código Penal) y de blanqueo de capitales (art. 305 bis del Código Penal)”. Además, “la acción penal no ha prescrito” y los hechos están sujetos a la mencionada jurisdicción. En un apartado de dicho escrito se detallan los años de prisión que se contemplan para cada uno de los susodichos delitos.
La ley del país europeo considera que un autor de un delito de blanqueo es “quien haya cometido un acto que pueda obstaculizar al identificación del origen, el descubrimiento o la confiscación de bienes que supiera o debiera haber presumido que procedían de un delito calificado o de un delito fiscal (cuando los impuestos deducidos en un año superen los 300 francos)”. “Será castigado con una pena de prisión de hasta tres años o con una sanción pecuniaria”.
Incluso, en algunos supuestos, la pena puede llegar a los cinco años de prisión. Por ejemplo, que el investigado lleve a cabo “un volumen de negocios o una ganancia significativa al participar en el negocio del lavado de dinero”. Según las investigaciones llevadas a cabo por Bertossa, solo en el año 2012 el rey Juan Carlos I ordenó la transferencia del dinero proveniente de Arabia Saudí a Suiza a una cuenta que estaba a nombre de la propia Corinna Larsen en el paraíso fiscal de Las Bahamas.
Los otros supuestos que pueden conllevar a un aumento en cinco años de las penas de prisión por blanqueo son por “banda formada para participar sistemáticamente en el lavado de dinero” o “actuar como miembro de una organización delictiva”. En poder del fiscal figuran pruebas de una quincena de operaciones muy sospechosas entre las que se encuentran la realizada en el mes de agosto del 2008, cuando se llevó a cabo la creación de la fundación Lucum gracias al dinero saudí; o, en el año 2017, cuando Corinna Larsen llevó a cabo la transferencia de 42 millones de dólares desde una cuenta en Las Bahamas a otra, a su nombre, en Estados Unidos.
La Fiscalía de España ya le dio el visto bueno, el pasado 30 de septiembre del año 2019, a esta comisión rogatoria a partir de una petición relacionada con un “delito agravado de blanqueo de capitales”. Bertossa, en su exposición, señala que el dinero recibido por Juan Carlos I por parte de Arabia Saudí fue tras la adjudicación de la mega- construcción del AVE a la ciudad de La Meca gracias a “una candidatura con un 30 por ciento de descuento”.
