El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, mantuvo este jueves una conversación con el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial planteada por el Gobierno.
Tras la conversación, Casado ha remitido a Reynders una carta, firmada también por la portavoz popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, en la que solicita que la Comisión Europea evalúe este proyecto de reforma y asegura que el PP tomará las medidas oportunas en el ámbito europeo para evitar que esta reforma prospere.
Como parte de estas iniciativas, el grupo del Partido Popular Europeo va a solicitar que este asunto sea estudiado por el Grupo de seguimiento sobre Estado de Derecho y Derechos fundamentales de la Comisión de Libertades Civiles y Justicia del Parlamento Europeo.
La carta, a continuación:
"Estimado comisionado Reynders:
Le escribimos para expresarle nuestra profunda preocupación en relación al estado de derecho en relación con el proyecto de ley de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presentado al Congreso de los Diputados de España por los grupos parlamentarios del Partido Socialista PSOE y Unidas Podemos, ambos miembros de la coalición gobierno español.
De acuerdo con este proyecto de ley, que será sujeto a proceso acelerado, la mayoría actual de 3/5 de las Cámaras requeridas para la elección de los 20 miembros del Consejo, se reducirá a una mayoría simple (la mitad más uno de los miembros). para la elección, precisamente, de los 12 vocales que deberán ser nombrados entre jueces y magistrados según el artículo 122 de la Constitución española.
En la práctica, esta reforma significaría que una mayoría puntual de gobierno en un momento dado podría elegir a estos 12 miembros del Consejo, como el umbral de 3/5 de las Cámaras que garantiza la necesidad de que Gobierno y Oposición converjan en un acuerdo inclusivo. desaparecería, esto supone un retroceso en los principios del Estado de derecho y la independencia judicial en España.
Recordemos que el Tribunal Constitucional español, en su Sentencia 108/1986 de 29 de julio (base jurídica 13a), consideró que el establecimiento de esta mayoría cualificada era un elemento clave para garantizar la constitucionalidad del procedimiento de elección parlamentaria de la cuota. reservado a los jueces y magistrados en la composición del Consejo, en virtud del artículo 122 de la Constitución Española.
Inmediatamente después de conocerse esta iniciativa, tanto la Asociación Europea del Poder Judicial como tres de las cuatro asociaciones judiciales españolas, que representan una gran mayoría de jueces y magistrados, rechazaron de forma inequívoca la propuesta y la finalidad que persigue.
Por último, nos gustaría referirnos a la primera evaluación anual del estado de derecho en la Unión, que presentó el 30 de septiembre. Esta valoración alertó sobre la situación del Consejo General del Poder Judicial y la exposición de este órgano al riesgo de politización. Somos conscientes de que el Gobierno español, en el informe que le remitió para la preparación de la evaluación, se refirió a la mayoría de 3/5 para la elección del Consejo como garantía que impidió una elección partidista. Así, con este proyecto de ley esa garantía desaparece. Es inaceptable en términos de respeto al Estado de Derecho que, cuando se advierte del riesgo de politización del órgano de gobierno del Poder Judicial, la respuesta del Gobierno español y de los partidos que lo forman sea precisamente para eliminar las barreras que impiden la elección partidista de jueces y magistrados. Por ello, querido Comisario, en nombre del Partido Popular y de nuestra delegación en el Parlamento Europeo, le pedimos que mantenga en revisión la propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial español, sin perjuicio de la activación por parte del PPE de los más Mecanismos parlamentarios adecuados para salvaguardar el respeto de los valores democráticos y el Estado de derecho, tal como se establece en el Tratado de la Unión Europea.
Pablo Casado Blanco
Dolors Monserrat".
