"Las numerosas informaciones que aparecen estos días sobre determinadas actividades del Rey Juan Carlos I han excitado una proliferación de condenas sin el debido respeto a la presunción de inocencia. Si sus acciones pudieran ser merecedoras de reprobación lo decidirán los tribunales de justicia. Pero nunca se podrá borrar la labor del Rey Juan Carlos en beneficio de la democracia y de la Nación, pena de una ingratitud social que nada bueno presagiaría del conjunto de la sociedad española. Esta es la razón por la que queremos hacer pública la siguiente declaración.
El largo reinado de Juan Carlos I (1975-2014) ha constituido la etapa histórica más fructífera que ha conocido España desde, al menos, el comienzo del siglo XIX.
Heredero de los poderes autoritarios de la dictadura del general Franco, el Rey Juan Carlos I hizo saber al poco de acceder al trono su voluntad explícita de renunciar a los mismos para propiciar la organización institucional española de acuerdo con el modelo de las democracias occidentales. Don Juan Carlos se comprometió a ser el Rey de todos los españoles y pronto se consiguió una España sin exiliados y la superación de las cuestiones que nos habían enfrentado en la historia reciente. La aprobación por referéndum de la Constitución de 1978, después de unas elecciones libres a las que concurrieron todos los partidos políticos, propició la reconciliación entre los españoles y un gran acuerdo nacional, que cumplió con la voluntad del Rey de que España fuera un país europeo e iberoamericano, conforme a su vocación histórica, y una democracia occidental avanzada, donde todos cupieran, abierta al pluralismo representativo y a la alternancia política.
La bien llamada Transición española a la democracia constituyó un poderoso reforzamiento de la autoestima nacional y al tiempo un modelo admirado e imitado internacionalmente. Juan Carlos I desempeñó en este proceso un papel determinante e imprescindible. Fue y sigue siendo cierto el haberle calificado como el «motor del cambio».
La Constitución española establece que «la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria»; y define al Rey como el Jefe del Estado, «símbolo de su unidad y permanencia», que «arbitra y regula el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes». A lo largo de sus años de reinado y en desempeño de sus funciones constitucionales Juan Carlos I ha sido invariablemente fiel a sus propósitos democratizadores y a las responsabilidades derivadas del marco institucional, como ocurrió en el 23 F. Ha sabido desenvolverse con permanente atención y cuidado al progreso politico, cultural, económico y social del pais y de sus ciudadanos, a su rica diversidad, configurada en el Estado de las Autonomías, al prestigio internacional de la comunidad española y a la pacífica y armónica integración de los españoles en sus diversas opiniones, orígenes y creencias.
Bajo Juan Carlos I la institución monárquica, como pocas veces antes en la vida española, ha llegado a desempeñar un papel central e indispensable en la articulación arbitral de los procesos políticos nacionales y consiguientemente ha quedado transformada en una parte básica del funcionamiento de la democracia constitucional española. Buena prueba de ello fue la popularidad que Juan Carlos I alcanzó durante su reinado y la muy amplia aceptación que la Monarquía suscitó en el pueblo español. La Monarquía había llegado a ser, tal como la Constitución preconizaba, una forma de gobierno adecuada a las necesidades y preferencias del pueblo español, útil por su capacidad moderadora y su comportamiento neutral. El Rey actual, Felipe VI, es una viva demostración de tales calidades, que en sustancia recogen lo mejor y mas perdurable del legado de su padre, el Rey Juan Carlos I.
Desde esa óptica, fundamental para comprender el pasado inmediato de la vida española y las posibilidades de su mejor futuro, la defensa del legado del Rey Juan Carlos I no puede equipararse a la protección de un determinado sistema de gobierno sino que debe situarse en el significado global de la Constitución de 1978, sus potencialidades presentes y por venir y la misma pervivencia de España como democracia occidental avanzada. Monarquía parlamentaria, Juan Carlos I y Constitución de 1978 forman un conjunto inseparable de realidades para todos aquellos que hace 45 años, y ahora mismo, aspiran a la continuación y el perfeccionamiento de una España en libertad, en justicia y en solidaridad, capaz de ocupar en el mundo el lugar que sus ciudadanos necesitan y merecen y reconocida por propios y extraños como uno de los elementos fundamentales en la sociedad internacional de las naciones democráticas, prósperas y libres.
Los firmantes de este escrito, que en su momento tuvieron la ocasión y el honor de servir a España en responsabilidades diversas y bajo gobiernos de diferentes orientaciones políticas pero confirmados para ello por la firma del Rey Juan Carlos I o que, al ejercer funciones en representación del pueblo español prometieron o juraron guardar la Constitución, quieren hacer llegar estas consideraciones a los ciudadanos españoles de todo origen, ideología o condición, así como a entidades públicas y privadas, responsables sociales y económicos, autoridades educativas y culturales, y por supuesto a partidos y organizaciones políticas que tienen el respeto a la Constitución como su enseña básica, para que actúen en consecuencia y defiendan por todos los medios democráticos a su alcance la integridad política y territorial de la Nación y el buen nombre de las personas e instituciones que han hecho posible estos últimos y satisfactorios cuarenta años de historia común. Porque de ello en gran medida depende la misma calidad de nuestro futuro".
