Al reclutar soldados de a pie, la banda de narcotraficantes no tuvo que buscar mucho para encontrar a Edwin Alberto López Rojas, de 18 años. De hecho, él los había estado buscando.
Admiraba el estilo de vida y el poder de los traficantes. Y el dinero que tenían para disfrutar en los lujosos resorts a unas cuadras (aunque fuera un universo) de los barrios pobres donde creció en Los Cabos, una meca del turismo en el extremo sur de la península de Baja California.
El 28 de julio, le dijo a sus parientes que la organización criminal Nueva Generación de Jalisco le dio un coche, dinero en efectivo y algunas drogas para que colocara. Ocho días después estaba muerto, asesinado por un asaltante no identificado en la calle.
Su muerte se encuentra entre las de cientos que han ensangrentado esta zona que una vez fue pacífica. Los casos de homicidio se han triplicado este año en comparación con el año pasado, un aumento que ha aturdido a los residentes, ha dejado perplejos a los funcionarios y ha alarmado a los líderes de la floreciente industria turística. Una ola de violencia similar también ha sacudido el estado de Quintana Roo en la costa caribeña, que alberga puntos de interés turístico como Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum.
El fuerte aumento de los asesinatos provocó que el mes pasado el Departamento de Estado de Estados Unidos aumentara sus advertencias de viaje para Quintana Roo y el estado de Baja California Sur, hogar de Los Cabos.
El derramamiento de sangre aquí no ha tenido como blanco a los turistas y la mayoría se ha producido fuera de su vista, en los barrios más pobres de San José del Cabo y Cabo San Lucas, las principales ciudades del municipio de Los Cabos. Gran parte proviene de una batalla entre grupos criminales por el control de las rutas de tráfico en la Península de Baja California y por el dominio de las empresas delictivas locales, en particular el narcotráfico que atiende a los turistas.
Pero la violencia, dicen los líderes comunitarios y los trabajadores sociales, es también un síntoma de los graves problemas que afligen a la subclase de la región, lo que refleja el abandono del gobierno durante mucho tiempo. Mientras que las autoridades han estado durante décadas apoyando el desarrollo del sector turístico, muchas de las necesidades de los pobres y de la clase obrera han languidecido, dicen.
Los Cabos, explica, corre el riesgo de seguir el mismo camino que Acapulco, la ciudad de la costa pacífica que una vez fue un destino vacacional importante, pero que ha sido devastada por la violencia de las drogas.
“Si continúan encubriendo los problemas, las cosas no van a mejorar”, dijo Silvia Lupián Durán, presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia Penal de Baja California Sur, un grupo comunitario. “Es un caldo de cultivo para cosas peores”.
Hay mucho en juego. El año pasado, Los Cabos recibió más de 2.1 millones de visitantes, de los que el 75 por ciento eran viajeros internacionales y la mayoría estadounidenses, dijo Rodrigo Esponda, director gerente del Consejo de Turismo de Los Cabos. El costo promedio de una habitación de hotel es de alrededor de 300 dólares por noche.
Para la mayor parte de su historia moderna, la región era somnolienta y aislada, accesible sólo en barco o avión privado. Pero con la terminación de la autopista transpeninsular en la década de 1970 y la expansión del aeropuerto local, el desarrollo explotó y con él vino un aumento de la migración a medida que los mexicanos se volcaban a trabajar en la construcción y como camareras, botones, cocineros, cantineros y paisajistas.
En 1990, la población del municipio era de unos 44 habitantes. Para 2015, había subido a cerca de 288 personas, con muchas personas trabajando en empleos que apoyaban directa o indirectamente el turismo.
“No hubo una planificación sensata de dónde vivirían todos los trabajadores”, dijo Ramón Ojeda Mestre, presidente del Centro de Estudios Integrales de Innovación y Territorio, consultor en Cabo San Lucas.
La mayoría de los migrantes de clase trabajadora se han asentado en barrios escarpados tallados en el desierto que se extiende hacia el norte desde la estrecha franja costera donde se concentran los hoteles, campos de golf y clubes nocturnos.
En muchos de estos vecindarios, las mejores casas son simples estructuras de bloques de cemento de una o dos habitaciones con techos de metal. Lo peor, a menudo en asentamientos ilegales llamados “invasiones”, son ensamblados con materiales de construcción y lonas, ramas de árboles, palos e incluso cartón. Según las estimaciones del municipio, alrededor de 25 personas viven en esos asentamientos. El hacinamiento es común, y los servicios públicos son deficientes o inexistentes.
La mayoría de los vecindarios no tienen alcantarillado y muchas casas no están conectadas al suministro de agua municipal. Incluso los que están conectados a menudo encuentran sus tuberías vacías: la demanda ha superado con creces la oferta, obligando a racionar el suministro de agua municipal y obligando a los residentes a comprar agua a precios exagerados en camiones cisterna que circulan por las carreteras sin pavimentar.
“Hay un primer mundo, y hay un quinto mundo”, dijo Homero González, un organizador político, durante una reciente visita al barrio Caribe, un asentamiento en Cabo San Lucas. Manadas de perros vagaban entre montones de escombros, despojos de basura y cáscaras de coches despojados a pocos kilómetros de los cuidados terrenos de los complejos turísticos donde trabajan muchos residentes.
María Salazar no lo está haciendo tan mal. Vive con sus cuatro hijos y su novio en una casa de una habitación bloqueada con cemento en el barrio de Real Unidad en Cabo San Lucas. Ella es una líder comunitaria y vende helados caseros con sabor y dulces para ayudar a sobrevivir; su novio consigue 14 dólares al día como un trabajador independiente de la construcción. No tienen cañerías de ningún tipo, aunque después de años de piratería eléctrica, finalmente se conectaron a la red regional.
“Escuché mucho sobre’ el cambio'”, se burló, refiriéndose a la última ronda de elecciones regionales en 2015. “Y ahora estamos viendo el cambio: todas estas masacres”.
Los funcionarios municipales culpan a las administraciones pasadas. En una entrevista, Álvaro Javier Ramírez, director de Planificación y Desarrollo Urbano, reconoció que a lo largo de los años las autoridades han puesto un énfasis desproporcionado en el apoyo al sector turístico.
“Históricamente, el dinero es el rey”, dijo Ramírez. Agregó, refiriéndose a los gobiernos municipales anteriores: “Ignoraron las necesidades de los barrios obreros. Los déficit son muchos”.
Las desigualdades maltratan a la población obrera, aunque cualquier tendencia a presionar a las autoridades para que solucionen los problemas se ve socavada por la sensación de que el sistema está amañado. Este es el fértil ambiente de descontento en el que las bandas criminales han sembrado sus operaciones, reclutando miembros, comprando lealtades y cultivando mercados, dicen los líderes comunitarios.
“Si los jóvenes no tienen nada con lo que trabajar, buscarán otras opciones”, dijo un pariente cercano de Edwin López, el adolescente asesinado, solicitando anonimato por temor a represalias de los funcionarios públicos y las bandas de narcotraficantes. “Necesitamos un gobierno que se preocupe más por la población urbana que por la zona turística”.
En los primeros siete meses de este año, el gobierno abrió 232 investigaciones de homicidio en Baja California Sur, la mayoría en Los Cabos, y algunas involucrando a múltiples víctimas. Durante el mismo período del año pasado, hubo 65 investigaciones de homicidio. En una nación que ha visto el aumento de homicidios a niveles récord este año, Baja California Sur ahora tiene la quinta tasa más alta entre los 32 estados de México.
El aumento de los asesinatos en Los Cabos (acompañado por un aumento de otros crímenes) ha llevado a los residentes a un estado de temor que dicen no haber sentido antes.
Al parecer, ningún vecindario ha sido golpeado tan duramente como El Zacatal, en San José del Cabo, donde los homicidios se han vuelto deprimentemente familiares.
Un reciente paseo por la zona con Concepción Gárate, peluquera y residente, se convirtió en una visita guiada de derramamiento de sangre. Señaló la tienda de conveniencia donde cuatro personas fueron asesinadas, la casa que fue ametrallada por pistoleros, otra casa donde hombres armados asesinaron a una familia.
“Un barbero estaba cortando el pelo allí”, dijo, señalando a una barbería. La gira continuó: dos muertos frente a una escuela, tres en una taquería, otros tres en un taller de reparación de neumáticos y uno en un taller de carpintería. “El Zacatal es el infierno”, dijo Gárate.
Los líderes de la industria turística y funcionarios públicos han tratado de evitar daños al atractivo de la zona para los visitantes, particularmente después de que el Departamento de Estado les advirtiera, señalando que los turistas no han sido el blanco de los homicidios.
Pero de vez en cuando la violencia ha interrumpido unas vacaciones idílicas. En agosto, unos pistoleros irrumpieron en una playa cerca de un balneario donde las habitaciones pueden costar miles de dólares por noche, matando a tres personas en lo que las autoridades dijeron que era un ajuste de cuentas entre grupos criminales rivales.
El gobierno federal ha desplegado cientos de marines y policías federales en el municipio para frenar la violencia, y el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, ha anunciado un plan para crear una fuerza policial especial que ayude a patrullar los destinos turísticos, incluyendo Los Cabos, aunque el plan aún no se ha puesto en marcha.
Pero en una entrevista con el diario El Universal, de la Madrid también dijo que la nación necesita hacer un mejor trabajo redistribuyendo los beneficios del turismo a través de la sociedad. “El enemigo de México es la pobreza y la desigualdad”, dijo.
La precariedad de las vidas en los sectores pobres de Los Cabos fue ilustrada este mes cuando la tormenta tropical Lidia azotó la zona, inundando vecindarios, destruyendo decenas de casas mal construidas y matando por lo menos a seis personas.
Los asesinatos parecieron detenerse un poco después de la tormenta, pero la paz fue momentánea. Días después, un hombre de 22 años fue asesinado a tiros en San José del Cabo, al lado de una escuela de primaria. Los tambores del crimen continuaron.
