Desde que llegó al gobierno, Bolsonaro ha modificado el órgano responsable de la gestión de la FUNAI. ¿Qué es la FUNAI?
La Fundación Nacional del Indígena (FUNAI) es un departamento gubernamental brasileño enfocado a cuestiones indígenas, anteriormente llamada "Servicio para la Protección del Indígena" (SPI). Fue fundada en 1910 por Cândido Rondon, un soldado mitad aborigen, una persona avanzada a su época y fundamental para la creación en 1952 del Parque Nacional de Xingú con el objetivo de proteger a los nativos de la zona, a su vez mejores guardianes de la biodiversidad local.
En su guerra contra los Pueblos Indígenas, Jair Bolsonaro ha propiciado que este departamento, dependiente del Ministerio de Justicia durante las últimas tres décadas, pase a estar situado bajo el control directo de la Ministra de Mujer, Familia y DDHH Damares Alves. También es predicadora evangélica y pregonera de bulos sobre los indígenas. Sobre su ONG Atini pesan denuncias por la difusión de un documental sobre falsos infanticidios en estas comunidades, y está siendo investigada por incitar al odio racial contra los Pueblos Indígenas.
Esta abogada se dedica a verter basura sobre los reclamos del feminismo y el colectivo LGBTI con afirmaciones como: Las mujeres nacieron para ser madres. La ideología de género es muerte. Las biblias tienen que regresar a la escuela.
Los ojos de las élites financieras, militares y políticas de Brasil ven a los territorios indígenas como fuentes de riqueza personal en forma de ranchos ganaderos, agricultura, explotaciones madereras o extracción de oro, la FUNAI no ha podido confrontar estos intereses. Esto, en parte, se debe a los vaivenes en estas políticas de los gabinetes entrantes y salientes y el hecho de que los funcionarios del FUNAI que realmente apoyan a los indígenas, tradicionalmente, tienden a ser despedidos con bastante celeridad.
Pero ahora la situación de agrava. Al caer el FUNAI en las manos del Ministerio de Damares Alves y quitarle la responsabilidad de la demarcación de los territorios indígenas para dársela al Ministerio de Agricultura, dirigido por políticos antiindígenas del lobby del agronegocio – ya en 2012 controlaban 1/4 del Congreso – según informa en un comunicado Stephen Corry, CEO de Survival International, el movimiento global por los derechos de los indígenas.
La nueva ministra de Agricultura de Bolsonaro es Tereza Cristina Corrêa da Costa Días, ex jefa del grupo parlamentario de la agroindustria, que aceptó una donación para su campaña electoral en 2014 de un terrateniente acusado de ordenar el asesinato en 2003 del líder indígena guaraní kaiowá, Marcos Veron.
Este terrateniente se llama Jacinto Honorio Da Silva Filho, el cual nunca ha sido imputado por el crimen. Tres hombres que trabajaban en la hacienda de Da Silva han cumplido condenas por secuestro y tortura pero quedaron absueltos del delito de homicidio.
Fiona Watson, directora de investigación de Survival International escribe en la sección de Internacional de El País: "El responsable ministerial de los asuntos de demarcación de tierras es Nabhan García, antiguo dirigente de la Unión de Demócratas Ruralistas, que ha luchado contra las demarcaciones de territorio indígena durante años". Algunos terratenientes pertenecientes a esta organización oligárquica y terrorista disfrazada de partido están detrás del asesinato del ambientalista Chico Mendes hace más de 30 años.
Para más inri, el máximo mandatario ha redactado decretos para obstaculizar la preservación de los territorios indígenas y que permiten a las autoridades gubernamentales" coordinar, supervisar y monitorear las actividades de campo de las organizaciones internacionales y de las ONG dentro de las fronteras brasileñas". Esto se ha traducido en un intento de suspensión durante tres meses de todas las relaciones de cooperación entre el Gobierno y las ONG del país, por parte del ministro de medioambiente Ricardo Salles, este mismo político aboga por saltarse la legislación para poner en práctica agricultura comercial y minería en reservas indígenas, incluidas aquellas en las que habitan tribus no contactadas, lo que muy probablemente supondría su total desaparición. El ejecutivo carioca también ha amenazado con retirar a Brasil del crucial tratado internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, el llamado Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Todos estos datos corroboran que la llegada de Bolsonaro al poder ha recrudecido un genocidio que ya llevaba décadas cometiéndose y que es una lacara actual e histórica de los Estados latinoaméricanos, casi, sin excepción. Pero los pueblos indígenas han iniciado la resistencia y a finales de abril, naciones originarias tribales de lo largo y ancho de Brasil se dieron cita en Brasilia en el llamado "Campamento Tierra Libre" en protesta contra los pasos atrás en los derechos, la libertad y la dignidad de la minoria más numerosa del mundo en un pequeño vasto territorio, la Amazonía brasileña. Este multitudinaria concentración ha dado lugar a un manifiesto que se puede descargar aquí.
