El Triángulo Norte es una porción de terreno enclavada entre el norte y el sur del continente americano marcada por la violencia criminal, la debilidad del Estado y la pobreza de sus gentes.
Unas 1.300 personas salieron el 13 de octubre de San Pedro Sula, una ciudad hondureña, que entre 2012 y 2014 ha encabezado el ránking de los lugares más peligrosos del mundo. Han avanzado por Guatemala, no sin dificultades, ya que uno de sus líderes fue detenido, y el viernes unos 7 (entre los iniciales y los que se han sumado por el camino) alcanzaron la frontera con México, donde la mayoría se han quedado atrapados.
"En Honduras yo no tengo nada que perder y, si me va bien, tengo mucho que ganar", explica a la BBC, Wilson Funes, un joven de 28 años que forma parte de la caravana de migrantes. Su caso no es único.
De acuerdo con un reciente informe del Consejo Noruego para los Refugiados (CNR), uno de cada cinco hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, vive con menos de 1,90 dólares al día, es decir, en la pobreza y a solo 90 céntimos de la pobreza extrema.
A la asfixia económica hay que sumar una violencia desenfrenada. En 2015, El Salvador tuvo el dudoso honor de convertirse en el país más violento del mundo sin que hubiera un conflicto armado en marcha. Alcanzó la tasa récord de 103 homicidios por cada 100 habitantes, un nivel inédito desde la Guerra Civil (1980-1992).
La violencia se ceba con mujeres y niñas. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras estima, que de media, una mujer es asesinada cada 17 horas en el país. Dayana Ávila, de 24 años, estuvo a punto de formar parte de esta trágica estadística. "Eran varios, estaban armados. Me llevaron a un monte, me violaron y me dejaron casi muerta", cuenta a la BBC, mientras transita hacia Estados Unidos.
El "Narco" centroamericano
Los expertos sitúan el origen de la violencia en las organizaciones criminales. Las primeras maras o pandillas surgen en Los Ángeles de los salvadoreños que habían huido de la Guerra Civil en los años 80. El fenómeno se arraiga en Centroamérica cuando Estados Unidos los deporta una década después. Desde entonces se han extendido por toda la sociedad.
Las organizaciones criminales han engordado en los úlitmos años gracias al refuerzo de la lucha contra el narcotráfico en México, Colombia y El Caribe, que ha redirigido las rutas de la droga hacia el Triángulo Norte. Según datos de Estados Unidos, el 90% de la cocaína que se sabe que llega al país, lo hace a través de Centroamérica.
De hecho, el Fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, ha anunciado esta semana la creación de una fuerza especial para dar caza a los criminales de peso internacional que actúan en Estados Unidos. La mara salvadoreña MS-13 es un objetivo prioritario.
Para combatir el fenómeno, El Salvador, Guatemala y Honduras, han adoptado políticas de "mano dura". El más contundente ha sido el Gobierno de El Salvador, Sánchez Cerén, que tras la ruptura de la tregua mediada por la Iglesia Católica entre las autoridades y las maras, lanzó una ofensiva que se saldó con encarcelaciones masivas de sicarios y lugartenientes.
Sin embargo, las cárceles están controladas "de facto" por estas bandas criminales, de modo que la entrada en prisión de sus miembros no se traduce en un debilitamiento de los mismos sino en mayores esfuerzos de reclutamiento en la calle. Uno de los caladeros son los colegios. Allí, según el CNR, se capta a niños y adolescentes dedicados al menudeo y a tareas de vigilancia e información.
"Las amenazas directas de las bandas criminales han provocado el cierre de colegios o la cancelación de las clases. Como resultado de la violencia, los niños deben cambiar de colegio o abandonar", ha denunciado la organización humanitaria.
Sin Estado
En su análisis, el Council of Foreign Relations explica que "unas instituciones débiles" y la corrupción han permitido perpetuar este ciclo. De acuerdo con el Wilson Center, la impunidad alcanza cotas del 90% en lo tocante a actividades criminales. Transparencia Internacional, por su parte, coloca a los tres países del Triángulo Norte en la parte baja de su índice global anticorrupción.
Una investigación periodística llevada a cabo en 2015 por el diario hondureño "La Prensa", sostenía que los salvadoreños y hondureños pagaban anualmente 200 y 61 millones de dólares, respectivamente, en extorsión. El reportaje señalaba como víctimas predilectas los pequeños negocios de las zonas más pobres.
"Ha habido tanta penetración en el Estado y tanta implicación de las Fuerzas de Seguridad, que es muy difícil pensar cómo van a hacerlo sin algún tipo de intervención extranjera", comenta el experto regional, Eric Olson, del Wilson Center, sobre una posible solución.
Lo cierto es que la comunidad internacional se ha preocupado por la deriva centroamericana. Así, la ONU y el Gobierno de Guatemala, acordaron crear en 2009, un organismo conjunto de investigación criminal, la CICIG. Pero sus acusaciones contra el exPresidente Otto Pérez Molina, que tuvo que dimitir y está procesado, y el actual mandatario, Jimmy Morales, han hecho que el Gobierno decida no prorrogar la existencia de la CICIG.
En Honduras se ha hecho un esfuerzo similar con la MACCIH, creada en 2010 por acuerdo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno.
Sin embargo, fiel al patrón original, el organismo está en tela de juicio por destapar supuestas irregularidades en la reelección de Juan Orlando Hernández, durante las elecciones presidenciales de 2017.
Éxodo Centroamericano
Como resultado tres millones de personas dependen de la ayuda humanitaria en estos tres países, alerta el CNR. Cerca de 700 personas se han convertido en desplazados internos y 8 de cada 100 solicitudes de asilo cursadas entre enero y junio de 2017 eran de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, según datos de la ONU.
El creciente flujo migratorio ha hecho que EEUU se implique cada vez más en el Triángulo Norte. Tanto la Administración de George W. Bush como la de Barack Obama, pusieron en marcha programas para ayudar a estos países a combatir la pobreza, impulsar el desarrollo y fortalecer sus instituciones.
El Gobierno de Donald Trump mantiene por ahora el programa de Estados Unidos y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para promover el comercio y la seguridad en El Salvador, Honduras y Guatemala, que se traduce en millones de dólares anuales en sus arcas.
No obstante, ya ha anunciado la retirada del Estatus de Protección Temporal (TPS) a salvadoreños y hondureños, por lo que se calcula que en los próximos años unos 350 ciudadanos de estos países perderán su derecho legal a vivir y trabajar en Estados Unidos.
En paralelo, el Presidente estadounidense sigue adelante con su promesa electoral de levantar un muro en la frontera con México para cerrar las puertas del país a los migrantes centroamericanos. Las obras ya han comenzado en algunos puntos, aunque el Congreso todavía ve lagunas financieras en el proyecto.
En respuesta a la caravana de migrantes, Trump ha amenazado a Honduras y Guatemala con cortar las ayudas y a México con cerrar la frontera. Así, los centroamericanos se encontraron un despliegue policial sin precedentes en la frontera de Guatemala y México.
