Ciudadanos va a presentar una moción en el pleno municipal de este mes para que el Ayuntamiento de Málaga saque a concurso la gestión de La Casa Invisible, edificio municipal ‘okupado’ en calle Nosquera desde hace una década y cuya expropiación ha supuesto un desembolso de 3,8 millones de euros para las arcas públicas (tras un proceso judicial cerrado en 2014, el doble de lo previsto). Dicha expropiación se produjo en 2005 con el objeto de que el céntrico edificio albergara un centro de emprendedores. “Vamos a pedir en el próximo pleno que la gestión de la Casa Invisible salga a concurso. No es de recibo que siga en el limbo jurídico un proyecto que parte de una okupación de un edificio público”, ha manifestado el viceportavoz de Cs en la Casona, Alejandro Carballo.
“Nos parece bien que aquí siga una iniciativa cultural, pero, como siempre, no queremos atajos ni limbos jurídicos. Queremos concurrencia, garantía de que el edificio se va a preservar porque ahora mismo todavía pesa una orden cautelar de desalojo por parte de Urbanismo debido a los riesgos que presenta el edificio”, ha proseguido el edil, quien ha recordado que ni el Ayuntamiento ni la entidad que gestiona el espacio están cumpliendo con el convenio que llegaron a firmar.
Carballo ha subrayado que la formación no quiere “trato de favor” a ningún colectivo y ha propuesto que la cesión del edificio para uso cultural vaya ligada a la rehabilitación del mismo, dado que, además, pesa sobre él una orden de desalojo por parte de Urbanismo.
El viceportavoz ha criticado la pasividad del alcalde: “Una vez más estamos ante un caso en el que los complejos del alcalde le impiden seguir la línea más recta y de sentido común”. También ha querido recordar que el mencionado convenio se firmó con la presencia de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial.
El concejal también se ha referido a la polémica por la exposición que estos días exhibe en el edificio, entre otras piezas, una bandera de España con forma de horca. “A Cs nos parece una provocación, justo en un momento de máxima crispación. Pero no es el motivo sustancial de la moción, aunque para nosotros estas provocaciones nos parecen intolerables en un edificio público”, ha criticado.
Legalidad y fiscalidad
Pero no es la única cuestión en la que Ciudadanos ha querido poner el acento. Así, el asesor Íñigo Vallejo se ha referido a cuestiones legales, fiscales y de seguridad. “La apuesta de Ciudadanos es clara: legalidad. Y no podemos seguir prolongando este limbo en un espacio público, que es de todos los malagueños y que está ‘privatizado’ por unos pocos”, ha aseverado.
Vallejo ha denunciado que en el edificio se hacen actividades al margen del control fiscal, como puede ser el del servicio de bar o un hipotético pago de IBI y otros impuestos. De hecho, ha precisado que el IBI que el Ayuntamiento hubiera recaudado por este edificio, según cálculos del propio área de Economía, rondaría los 30 euros. “Entre otras cosas, estamos hablando de competencia desleal con tantos negocios que sí cumplen en la ciudad y especialmente en el Centro. No puede haber explotación de barras fuera de control, conciertos sin medidas de seguridad o control acústico, etc. No hay medidas de emergencia ni de seguridad. No existen las mínimas condiciones, en definitiva”, ha relatado.
“Cultura, sí. Pero con luz, taquígrafos, derechos, obligaciones y sin favoritismos ni cortijos. Preservando los recursos públicos, la seguridad jurídica y arquitectónica y, evidentemente, la legalidad”, ha concluido.
