Ha surgido un nuevo Mesías. Sí, como lo oyen. Vestido de traje y corbata, con su particular retranca, su tradicional barba blanca, sus gafas anti-hipermetropía y su característica raya al lado al más puro estilo “Millennial” , Mariano Rajoy– también conocido como M. Rajoy- se personó, junto a la Ministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez y los líderes de las principales organizaciones empresariales y sindicales del país, en la Sala de Tapices del Palacio de la Moncloa con nuestra “Salvación” bajo el brazo: la subida del Salario Mínimo Interprofesional.
El Gobierno ha llegado a un acuerdo con los presidentes de la CEOE– también conocida como “la patronal”- y CEPYME, así como con los secretarios generales de UGT y CCOO para aumentar de forma gradual y progresiva el SMI, tasado actualmente en 707, 60 euros. De este modo, estaríamos hablando de subidas del 4% para el curso que se avecina o del 6% y del 10% para 2019 y 2020, respectivamente, estableciendo en 850 euros el sueldo mínimo que cobraría cualquier trabajador en España dentro de tres años.
Hasta aquí, nos podría parecer una resolución magnífica y acertada. Pero no debemos olvidar quien la ejecuta. Por experiencia, sabemos que en muchas propuestas del Partido Popular no es oro todo lo que reluce. Y, por desgracia, ésta no iba a ser la excepción. Este pacto tiene gato encerrado. Y vaya si lo tiene. El incremento del porcentaje del SMI queda supeditado a dos condicionantes: el primero, que se creen 450 puestos de trabajo por año; el segundo, que el crecimiento económico anual de España no baje del 2,5%. Ellos no se lo creen. Ni el FMI. Ni tampoco la Comisión Europea. El Gobierno vaticina un aumento del 2,3% en la economía nacional para los dos próximos años. Por lo tanto, nos encontramos ante otra enmienda en vano realizada por la antigua Alianza Popular. O ante una farsa más presentada a todos los ciudadanos españoles. No sé qué es peor.
Y con ello, ya me imagino a Mariano Rajoy, entre eufemismo y eufemismo, compareciendo en otro burdo escenario dentro de unos meses para explicar las razones por las cuales ha fracasado un acuerdo que estaba dilapidado desde antes de ponerse en funcionamiento.
Aún así, el Gobierno proclama con jactancia y vanagloria la salud de la que goza nuestra economía, argumentada con los 22 millones de contratos laborales firmados en 2017, el descenso de la tasa de desempleo a un 16,4% y la “supuesta” recuperación laboral. Verdades a medias. Todas ellas. El 26% de los contratos rubricados en este curso fueron de una duración inferior a cinco días. El índice de paro es casi 8 puntos superior al que existía antes del comienzo de la crisis (8,8%) y una gran parte de los empleos ofrecidos son parciales, temporales y precarios, con unos sueldos estancados desde hace un par de lustros.
España posee un sistema laboral frágil sin una estructura económica que le permita equipararse a la mayoría de países de la UE en este aspecto. La precariedad, los contratos temporales o parciales, los bajos salarios o las desorbitadas jornadas laborales posibilitan este hecho. Quizá la solución pase por una “ verdadera” reforma laboral aprobada en el Congreso. Aunque, siendo realistas, las posibilidades de que se produzca son mínimas. Para el PP, como diría Aznar, España va bien. Sin embargo, los economistas no dicen lo mismo.
