La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha abogado en Italia por una transición a una sociedad digital en la que la innovación esté al servicio de las personas y del bien común, y en la que se fomente una inteligencia artificial que mejore la vida de las personas trabajadoras.
Los derechos de los trabajadores en plataformas
Invitada como impulsora de la una legislación pionera a nivel laboral en el ámbito de las plataformas de reparto, la conocida como Ley Rider", Díaz ha participado en Roma en la jornada Aspectos transnacionales del Trabajo en Plataformas, organizada por la Autoridad Laboral Europea (ELA) en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales de Italia.
Díaz ha destacado que la gobernanza compartida de la tecnología que promueve la ley Rider ha conseguido otorgar seguridad jurídica adaptando el derecho del trabajo al siglo XXI. Lo hace blindando el carácter laboral del trabajo en plataformas de distribución y estableciendo un nuevo derecho a la información algorítmica para las personas trabajadoras. "Así se confirma un derecho de representación universal, que se refiere a todo tipo de empresas, sean o no plataformas", ha destacado la ministra.
Reunión trilateral
Estas cuestiones neurálgicas se han debatido también en la reunión trilateral que Díaz ha mantenido con su homólogo italiano, Andrea Orlando, y con el comisario de Empleo y Derechos Sociales de la Unión Europea (UE), Nicolas Schmit, con quienes ha analizado la propuesta de Directiva de trabajo de plataformas presentada por la Comisión Europea.
Es un texto, ha subrayado Díaz, que está "a la altura del desafío: establecer estándares elevados de protección de los derechos laborales para las plataformas digitales en toda Europa".
La vicepresidenta ha defendido que la Directiva sea lo más ambiciosa posible, que profundice en la garantía de transparencia y en proteger la presunción de laboralidad, pero también ha insistido en que se tiene que trabajar para que las personas trabajadoras no asuman la carga de la prueba de la laboralidad.
Díaz ha insistido en la necesidad de que la tecnología esté al servicio de las personas y de una transparencia algorítmica que redunde en el bien común, en políticas laborales que promuevan salarios dignos e igualdad real entre las personas sin descuidar la prevención de riesgos laborales.
En ese sentido ha exigido dar nueva orientación al desarrollo tecnológico para dé solución a las cuestiones sociales y medioambientales más acuciantes de nuestra época, desde la crisis climática, pasando por una transición energética justa o los desafíos de la sanidad pública.
"Es nuestra responsabilidad, como poderes públicos, impulsar un modelo de Estado emprendedor que innove y ponga la transformación tecnológica al servicio de las personas trabajadoras", ha subrayado la ministra, quien ha abogado por una digitalización con derechos, que conciba la inteligencia artificial como un bien público, proteja a las personas trabajadoras, amplíe los derechos laborales y, en resumen, ensanche la democracia.
