Estados Unidos quiere condenar a Assange a cadena perpetua, una pena desorbitada con el objetivo de lanzar un mensaje un mensaje a los periodistas de investigación. Ya lo avisó Nils Metzer, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Tortura: “Si Julian Assange es condenado, será una sentencia de muerte para la libertad de prensa”.
Estados Unidos quiere sentarlo ante el juez por publicar informaciones veraces sobre los crímenes de guerra cometidos por el país, y la condena sería 175 años de cárcel en total aislamiento. Melzer confirmó hace apenas un año: “Se está creando un sistema criminal ante nuestros propios ojos”.
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Varios expertos señalan lo que está sucediendo: una guerra cruel contra el periodismo de investigación. Lo dicen no solo los más prestigiosos reporteros que se juegan la vida en todo el mundo, también editores de todo el mundo, ex-jefes de Estado y de Gobierno, diplomáticos, legisladores, ministros, líderes de la política actual, premios Pulitzer y Nobel, asociaciones juristas y de médicos a nivel internacional, eminencias en todos los campos….
Dos países parecen tener como objetivo violar las leyes internacionales y los principios más básicos del derecho, además de sus propias jurisprudencias y tratados: Estados Unidos y Reino Unido -con la cooperación de varios países aliados -, para destruir gracias a un juicio que ya ha sido denominado “farsa” a Julian Assange, creador de Wikileaks.
Assange, según el propio Nits Melzer, ya está muy lesionado tras “aguantar durante una década formas persistentes y progresivamente severas de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, cuyos efectos acumulativos sólo pueden describirse como tortura psicológica”.
El proceso legal que ha tenido lugar en Reino Unido contra Assange ha sido valorado como una pantomima: primero, intentaron hacer ver que su arresto domiciliario y su confinamiento en asilo diplomático (durante siete años) había sido por un supuesto caso de abuso sexual en tierras suecas -se demostró que había sido un montaje de la Fiscalía de Suecia que, cuando ya no necesitaba retenerle en custodia más, retiro sin más -.
Luego fue condenado a una pena de 50 semanas en una cárcel en completo aislamiento (lo que no le permitía preparar su defensa) por un presunto incumplimiento de la fianza -en Gran Bretaña, en la mayoría de los casos, se suele pagar una multa – y logrando colocar al frente del caso a una jueza que tiene intereses, tanto económicos como personales, en el caso.
La jueza en cuestión es Lady Emma Arbuthnot, magistrada-jefe de Westminster desde finales del año 2016, nombrada por Liz Truss, ministra de Justicia conservadora con la que coincidió en el 2014 en un encuentro a puerta cerrada de British Foreign Office, en Bilbao. Su marido, Lord Arbuthnot of Edrom, es un antiguo ministro de Defensa cuyos lazos empresariales y económicos con la inteligencia británica y con las corporaciones militares fueron desvelados por Wikileaks.
Varios medios señalan el hecho que Lady Arbuthnot ha recibido importantes regalos y viajes pagados por compañías de ciberseguridad y militares relacionadas con su marido. Estas relaciones salieron a la luz gracias a Wikileaks. Pero no aceptó el conflicto de interés al juzgar a Assange: solo entre el año 2017 y mediados del 2019 logró emitir dos veredictos muy controvertidos que cerraron el cerco judicial alrededor de Assange. Emma Arbuthnot será la responsable de decidir sobre la extradicción a los EEUU de Assange.
Y si eso no fuera suficiente, su hijo, Alexander, está relacionado a nivel financiero con una compañía de inteligencia creada por Reino Unido para luchar contra las filtraciones de información más sensible, “Darktrace”, en la que trabajan varios agentes especializados y contratados a través de la CIA y de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos.
Si Assange finalmente es extraditado a los Estados Unidos, serán sus servicios secretos los que controlarán el jurado en un nuevo juicio-farsa con el objetivo de acabar definitivamente con el creador de Wikileaks por el hecho de hacer públicos los crímenes de guerra llevados a cabo por el Ejército de los Estados Unidos.
Los juristas internacionales de “Lawyers for Assange” han advertido que Assange será jugado en Estados Unidos por “un infame tribunal de espionaje en procedimientos secretos ante un jurado elegido por una población en la que la mayoría de las personas elegibles para la selección del jurado trabajan para la CIA, la NSA, el Departamento de Defensa o el Departamento de Estado”.
Hay que recordar que fue la CIA y la NSA las que contrataron a Undercover Global SL (que está bajo investigación de la Audiencia Nacional) para que espiara, de manera ilegal, al propio Assange durante su asilo entre las cuatro paredes de la embajada ecuatoriana en Londres . La sede de UC Global se localiza en Jerez de la Frontera.
La empresa UC Global grabó en vídeo, de manera ilegal y en secreto, todas y cada una de las reuniones de Assange con sus asesores y abogados – además de varios visitantes y sus médicos-, de manera que los fiscales militares de Estados Unidos, que serán miembros del jurado, tendrán esas grabaciones ilegales de estas importantes conversaciones del inculpado.
Solo este hecho sería suficiente para invalidar todo el procedimiento judicial en Estados Unidos contra Assange, ya que viola completamente sus derechos fundamentales de defensa legal del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que explica el “derecho a un proceso equitativo”.
