Ricardo Rosselló, Gobernador de la isla, un Estado Libre Asociado de Estados Unidos, anunció el 3 de mayo, que pedirá a la Junta de Supervisión Fiscal, un órgano Federal que está por encima del Gobierno puertorriqueño en materia financiera, que el país se acoja a una ley de quiebra, para poder afrontar los 73 millones de dólares de impagos en bonos de deuda pública que arrastra.
Puerto Rico será la primera jurisdicción estatal que pide auxilio en la historia de Estados Unidos. La solicitud de Rosselló, que lleva cinco meses en el cargo, se precipitó, tras las demandas presentadas el martes por un grupo de acreedores con el que Puerto Rico no había logrado llegar a un acuerdo de reestructuración de deuda.
La isla pedía una rebaja tres veces mayor de lo que estaban dispuestos a aceptar los acreedores. Todas las demandas judiciales quedan ahora paralizadas y será un tribunal el que se encargue de determinar cómo se pagará la deuda y cuánto deberá reembolsar el país. El proceso puede suponer un gran recorte de deuda pero también nublará su futuro acceso al mercado de deuda.
Formalmente no se trata de una declaración de bancarrota. Su condición de Estado Libre Asociado le otorga menos derechos y Puerto Rico no puede emplear esa herramienta discrecional que la ley federal da a los gobernadores locales de Estados Unidos.
Deberá realizar una petición de ayuda específica, estipulada en la ley, para la Supervisión, Administración y Estabilidad económica de Puerto Rico ( Ley Promesa), aprobada por el Congreso de Estados Unidos el año pasado, ante la crisis de insolvencia de la isla y con la que se creó la Junta de Supervisión Fiscal, nombrada por el Congreso para dirigir la política financiera del país.
Ley Promesa
La Ley Promesa significa que Puerto Rico se declaró en 2016 incapaz de pagar su deuda y ante las amenazas de los acreedores de juicios y el riesgo de cerrar las operaciones gubernamentales por falta de liquidez, solicitó la colaboración de Estados Unidos.
De ahí surgió la Ley Promesa, aprobada el 2016 por el Congreso estadounidense, ante la imposibilidad de que la isla pudiera afrontar los vencimientos inmediatos de deuda, y que ha planteado varios recortes al gasto para atender la crisis fiscal.
La descomunal deuda pública de Puerto Rico con 3.500 habitantes tiene su origen en el colapso del anterior modelo económico de la isla. Hace diez años Washington le retiró los beneficios fiscales que le habían permitido captar inversiones de grandes compañías estadounidenses. Sin una base productiva alternativa con la que suplantar esa vía de ingresos, los sucesivos gobiernos se sumieron en un círculo fatal de petición de préstamos y emisión de deuda, que hundió a la isla en su peor depresión en más de un siglo, instalándose en la recesión desde 2006. En 2015 empezaron los primeros impagos. El índice de pobreza ronda el 45% de la población y alrededor de 200 puertorriqueños han emigrado, en los últimos años, principalmente a Estados Unidos. Los sistemas de pensiones y de salud se encuentran en estado de máxima alerta ante la falta de fondos.
El Gobernador Rosselló pretende convocar un referéndum para que los puertorriqueños decidan si quieren que su país siga siendo un Estado Libre Asociado, si prefieren la independencia o si optan por convertirse en el Estado número 51 de Estados Unidos. Rosselló considera que esta última opción sería la mejor salida para Puerto Rico, integrarse al 100% en la primera potencia mundial.
