En noviembre de 2016, el organismo antifraude dependiente del Ministerio de Economía de Francia, afirmó, a través de un estudio, que había enormes diferencias entre las cifras de emisiones de Nox que Renault homologaba en sus pruebas y las que se producían en condiciones reales de conducción. A raíz de este informe, la Fiscalía de París inició una investigación el pasado mes de enero para averiguar si la marca francesa había engañado a los consumidores con los niveles de contaminación de sus motores diésel y sobre los controles a los que somete sus vehículos en las pruebas de homologación.
Ahora, la agencia antifraude afirma en un informe que ha publicado el diario Liberation que Renault ha llevado a cabo “estrategias fraudulentas” durante más de siete años en los controles de homologación para superar los niveles de contaminación. Tomando como ejemplo el Renault Captur, el organismo señala que las emisiones de partículas de óxido de nitrógeno en condiciones reales superan en un 377 por ciento la cifra homologada por la marca. Así mismo, el medio francés recoge un intercambio de correos entre la directora de Asuntos Jurídicos de compañía, la jefa de Comunicación y el responsable de Relaciones Institucionales, correspondientes al día 15 de noviembre de 2015, en los que afirmaban que el sistema fraudulento de los motores es “inoperante en carretera pero funciona durante las pruebas de homologación”.
Según la oficina antifraude, alrededor de 900 vehículos equipados con este sistema fueron comercializados durante los siete años en los que el fabricante manipuló las cifras de emisiones de sus motores diésel. Esos 900 mil vehículos significan una facturación de casi 17 millones de euros. Si, finalmente, el proceso judicial iniciado por la Fiscalía de la capital francesa prueba que, efectivamente, Renault cometió una infracción, podría ser multada con el 10 por ciento de su volumen de negocios, que equivale a unos 3.500 millones de euros.
Renault se defiende
Por su parte, el fabricante galo se ha defendido de estas acusaciones mediante un comunicado, en el que niega rotundamente que haya llevado acabo “estrategias fraudulentas” para manipular los niveles de contaminación de sus coches y expresa que “ninguno de sus servicios ha infringido las reglas, europeas o nacionales, relativas a la homologación”. Además, subraya que “no tiene intención de comentar una instrucción en curso, proceso confidencial por naturaleza y al que la empresa no tiene acceso”. Por ello, “no puede confirmar la veracidad, exhaustividad y fiabilidad de las informaciones contenidas en el artículo” y sólo se explicará ante los jueces.
