Guatemala deberá investigar los asesinatos de tres defensores de los derechos humanos

La ONU también pide a las autoridades guatemaltecas garantizar un entorno seguro para que los defensores de los derechos humanos desarrollen su trabajo.
María Yunta
España
18.05.2018
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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió este viernes que se de prioridad a la investigación de los crímenes cometidos en Guatemala contra tres activistas que trabajaban con organizaciones de derechos indígenas y campesinos. 

Luis Marroquín, del Comité de Desarrollo Campesino fue asesinado el pasado 9 de mayo en la localidad de San Luis Jilotepeque, en el municipio de Jalapa, al sureste del país. Al día siguiente, José Can Xol, líder de la comunidad del Comité Campesino de Desarrollo del Altiplano, fue asesinado en la comunidad de Choctún Basilá en el municipio de Cobán, perteneciente al departamento de Alta Verapaz.

Finalmente, el 13 de mayo, Mateo Chamán Paau, afiliado al mismo Comité Campesino, murió en la comunidad de San Juan Tres Ríos, situada también en Cobán.

[Sumario]

La portavoz de la Oficina, Ravina Shamdasani señaló que las comunidades de Choctún Basilá y Tres Ríos, están involucradas en procesos para garantizar los derechos a la tierra y colaboran con el Gobierno en un acuerdo que trata más de 50 conflictos territoriales en el país. 

Shamdasani indicó que su Oficina posee indicios de que otros miembros de estas organizaciones fueron víctimas de ataques durante los últimos meses.

“Pedimos a las autoridades que investiguen sin demora estos asesinatos y otros ataques y amenazas contra los defensores de los derechos humanos, y que garanticen que los responsables respondan ante la justicia”. 

Asimismo, exhortó al Gobierno de Guatemala a adoptar las medidas necesarias para garantizar un entorno seguro y propicio para que los defensores de los derechos humanos realicen su trabajo en un escenario libre de amenazas y ataques.

Defender comunidades indígenas

La portavoz se sumó a la preocupación expresada recientemente por la relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, sobre la necesidad de defender a estas comunidades que reivindican el derecho a la tierra.

De la misma manera denunció campañas de descrédito contra periodistas, medios de comunicación independientes, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios judiciales y otras personas vinculadas en combatir la corrupción y la impunidad.

Por último, pidió al Gobierno “que aborde estas cuestiones como parte de sus esfuerzos por fortalecer el Estado de Derecho, la protección del derecho a la libertad de expresión y la independencia judicial, y la lucha contra la impunidad y la corrupción”. 

Impunidad

Desde el año 2006, se han registrado 21 casos abiertos por el asesinato de defensores de derechos humanos en Guatemala. La Unidad de Delitos contra Activistas del Ministerio Público, según ha señalado la fiscal Claudia López, se enfrenta a diversos obstáculos a la hora de resolver los casos contra activistas indígenas y comunitarios.

Lo más destacado es que en Guatemala, aunque parece relativamente fácil capturar a los autores materiales de los asesinatos, parece casi imposible identificar a los autores materiales. Además, la unidad que trabaja en la investigación de los delitos a líderes indígenas y comunitarios tan solo cuenta con 4 profesionales para todo el país que deben atender la alta demnada de casos que esisten en el país centroamericano.

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