El Gobierno de España amplía sus objetivos una vez que los Presupuestos Generales del Estado 2021 (PGE) están encarrilados y asegurados. Una de las prioridades del Consejo de Ministros es encarrilar el desafío soberanista de Cataluña, y este podría tener su inicio en indultar a los presos del procés, según coinciden varios miembros del Ejecutivo. El presidente, Pedro Sánchez, aprovecharía el cambio de discurso de uno de los partidos independentistas más fuertes, ERC, para acercar posturas y alcanzar una solución pactada dentro de la Constitución que acabe con más de una década de tensiones políticas y desafíos estériles cuyo único resultado ha sido crispación social, condenados por delitos graves contra el Estado y exiliados.
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, instó este lunes en La Sexta a indultar "lo antes posible" a los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la fallida declaración de independencia del 27 del mismo mes para comenzar a atajar este problema a la mayor brevedad posible. "A mí no me gusta que los dirigentes de ERC, de Junts, y líderes sociales como los Jordis estén en prisión. A mi juicio deberían estar libres. En el momento en que están en prisión, el indulto es una prerrogativa del Gobierno que nunca ha dejado de utilizarse en la historia de la democracia y tiene una serie de procedimientos. A mí me gustaría que estuvieran libres lo antes posible”, aseguró el "número tres" del Gobierno.
Para tener un país más unido es clave que toda la ciudadanía se sienta incluida en las instituciones. O el Estado es de todos, o España tiene un problema: que mucha gente en algunos territorios se quiere ir y tener su propio Estado. En ARV, sobre los acuerdos con ERC y Bildu ?? pic.twitter.com/X1wLqLs1NR
— Pablo Iglesias ?? (@PabloIglesias) November 30, 2020
Fuentes cercanas a Esquerra aseguran que no mostrarán predisposición real y clara a negociar hasta que sus compañeros estén en la calle con el beneplácito del Gobierno. Por ello, el Ejecutivo confía en varias vías: la primera es la del tercer grado. El Tribunal Supremo está dispuesto, y está redactando sus argumentos, a rechazar el grado de semilibertad para los condenados, por lo que el Gobierno baraja una segunda opción: la reforma del Código Penal para reducir las penas por el delito de sedición. Esta reforma afectaría en positivo a Junqueras, Romeva, Forcadell y compañía, pero todavía se dilatará varios meses hasta que sea efectiva en el caso de que contara con el apoyo de la Cámara Baja.
El plan de algunos miembros del Gobierno es que se indulte a los presos antes de las elecciones catalanas, programadas para el próximo 14 de febrero. Sin embargo, voces de La Moncloa aseguran que es demasiado precipitado y que los propios plazos no son tan rápidos. El sector socialista del Ejecutivo pide a sus socios morados que no presione en público y exigen cautela y discreción. No obstante, el indulto está más encima de la mesa que nunca. Al menos eso traslada el Poder Ejecutivo y, especialmente, desde el Ministerio de Justicia de Juan Carlos Campo.
