La Fiscalía del Tribunal Supremo investiga si Don Juan Carlos de Borbón dejó de declarar dinero supuestamente donado por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause entre 2016 y 2018. La cantidad recibida y no declarada supondría un delito fiscal por superar una cantidad de 278, según cálculos del Ministerio de Hacienda. A partir de esa cantidad, se genera una cuota del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Madrid superior a los 120 euros, la cantidad mínima para que un fraude implique delito fiscal. Si Don Juan Carlos hubiera usado el dinero sin mediar una donación, también habría delito si dejó de declarar esos 275 euros al año.
La Fiscalía solo investiga al rey emérito, y no a la reina Sofía o a varios de sus nietos, por el uso de tarjetas de crédito vinculadas a cuentas corrientes de las que no es el titular. El efectivo procedería, presuntamente, de su amigo y empresario mexicano, que le ofreció el dinero y él lo usó pero no llegó a declararlo. Estos movimientos de dinero se habrían producido entre 2016 y 2018, años después de abdicar como Jefe del Estado y, por ende, no gozaría de la inviolabilidad que le infiere el cargo. No obstante, Don Juan Carlos es aforado del Tribunal Supremo, que podría llegar a juzgarle. El objetivo de la investigación de la Fiscalía es si Sanginés-Krasse donó el dinero al emérito o si el exrey dispuso del saldo sin declararlo.
Entre las personas que se están investigando no están ni el rey Felipe VI, ni la reina Letizia, ni la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, ni la infanta Sofía. No obstante, sí habría otros familiares directos implicados, entre ellos, algunos de los nietos de los eméritos.
Los movimientos fiscales de esta cuenta y los gastos de las tarjetas corresponden a los años 2016, 2017 y 2018. Por ende, son posteriores a la abdicación del emérito (en junio de 2014) y no gozaría de la inviolabilidad que envuelve al Rey de España. No obstante, tanto don Juan Carlos como doña Sofía están aforados al Tribunal Supremo al ser miembros de la Familia Real y serían juzgados por un tribunal especial.
La investigación se centra en grandes flujos de capital a partir de 2014 y ya se han enviado diferentes comisiones rogatorias a países para rastrear la procedencia de los fondos. La Fiscalía está a la espera de recopilar toda la información que se pueda para decidir si sigue adelante con la investigación de un presunto delito fiscal al tratarse de incrementos de renta no superiores a 120 euros en un ejercicio. Entre los gastos que estarían registrados se situarían varios viajes de la reina emérita a Londres, donde tiene fijada su residencia habitual.
