lunes, 2 de agosto de 2021

Pensionistas en Euskadi en defensa de pensiones públicas "dignas"

Miles de pensionistas vascos se movilizaron ayer en varios municipios de Euskadi para reclamar "pensiones públicas dignas".


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Además, han anunciado que rechazan el Pacto de Toledo y critican que no se vayan a recoger sus reivindicaciones en el próximo acuerdo político entre el Gobierno central y los agentes sociales que, por contra, va a suponer "recortes importantes". Las diversas manifestaciones, convocadas por el Movimiento de Pensiones de Euskal Herria, han contado con el apoyo de los sindicatos ELA, LAB, Steilas, ESK, Etxalde, Hiru, CGT y CNT y una vez más, han girado en torno a la tabla reivindicativa que los pensionistas reclaman desde que comenzaron sus protestas en enero de 2018: pensiones "dignas"; su revalorización en función como mínimo  al IPC; y la derogación de los aspectos regresivos de las reformas de las pensiones fijadas en 2011 y 2013, entre otras.

Las movilizaciones se han desarrollado en todo el Estado y en el caso de Euskadi, han comenzado durante la mañana en municipios como Ondarroa, Lekeitio y Eibar. Asimismo, a partir de las 17:00 horas, se han celebrado marchas de protesta en Vitoria y San Sebastián, mientras que en el caso de Bilbao lo ha hecho a las 18:00 horas.

Tras pancartas en las que se podía leer "Pensiones dignas-1.080 euros/mes" y "NO al Pacto de Toledo", varios miles de pensionistas han partido en la capital vizcaína desde las inmediaciones del Sagrado Corazón, entre gritos de "gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden", para atravesar la Gran Vía y finalizar frente al Consistorio bilbaíno.

Minutos antes de arrancar la marcha, Jon Fano, uno de los portavoces del Movimiento, ha defendido la necesidad de incrementar los ingresos de la Seguridad Social, para lo cual ha apostado por "impulsar empleos dignos y un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros". Tras valorar que en 2019 y 2020 se incrementaran las pensiones por encima del IPC y este año lo hayan hecho un 0,9%, ha alertado, no obstante, de que los fondos europeos de reconstrucción implican una reducción de los gastos sociales. "Nos preocupa que el Gobierno de Pedro Sánchez asuma las exigencias de Bruselas", ha afirmado, al tiempo que ha criticado que no se vayan a recoger sus reivindicaciones en el próximo acuerdo político entre el Gobierno central y los agentes sociales sobre pensiones. "Va a suponer recortes importantes, quizá no tanto para nosotros como para las futuras generaciones", ha detallado.

Críticas a algunos sindicatos

Asimismo, ha lamentado que, en vez de informar y proteger los intereses de trabajadores y pensionistas, algunos sindicatos del Estado (en referencia de CC.OO. y UGT), hacen "todo lo contrario" y ha anunciado que la voluntad del movimiento de pensionistas sigue pasando por seguir realizando movilizaciones "importantes". A su llegada al Consistorio, el colectivo ha leído un comunicado en el que han afirmado que, tras tres años de movilizaciones, "las conquistas peligran".

Pacto de Toledo

Se denomina Pacto de Toledo a la aprobación por el pleno del Congreso de los Diputados de España, durante la sesión del 6 de abril de 1995, del documento previamente aprobado por la Comisión de Presupuestos el 30 de marzo de 1995, referente al «análisis de los problemas estructurales del sistema de seguridad social y de las principales reformas que deberán acometerse». Dicha aprobación tuvo su origen en una proposición no de ley del partido catalán Convergència i Unió que propuso la inclusión de una ponencia (número 154/4) sobre la cuestión de la seguridad social en la comisión de presupuestos del Congreso. Con el objetivo de excluir de la controversia parti­dista al sistema de protección social y encuadrarlo dentro de un debate político más sosegado y de amplio calado que permitiera alcanzar el máximo nivel de acuerdo como garantía de la eficacia y la perdurabilidad de las reformas, se creó en el año 1999, en el Congreso de los Diputados, una Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, que se reúne cada cinco años y que como su nombre indica tiene por objeto el seguimiento del sistema de pensiones y la propuesta de recomendaciones para el mantenimiento y mejora del sistema.

 

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