El Pleno del Congreso aprobó este jueves por estrecha mayoría -176 votos a favor, 148 en contra y 6 abstenciones- la ley para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y otras medidas para reforzar la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, que recupera el IPC como forma de revalorizar beneficios y elimina el 'factor de sostenibilidad' impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy.
La legislación incluye el llamado mecanismo de equidad intergeneracional acordado por el Gobierno con los sindicatos, y apoyado por socios como EH Bildu y ERC, que implica aumentar las contribuciones en 0,6 puntos durante diez años, entre 2023 y 2032, para mejorar de las pensiones y apoyar la jubilación de los españoles nacidos entre los años 50 y 70 del siglo pasado, conocidos como “baby boomers”.
Así, y tal y como recoge su exposición de motivos, la ley pretende garantizar “el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, a través de un criterio de revalorización ligado a la evolución de la inflación” y fortalecer “la estructura de financiación de la Seguridad Social, mediante la asunción por parte del Estado de gastos no contributivos".
“Es una ley que mejora las condiciones de vida de los ciudadanos, establece un marco estable sobre el funcionamiento de nuestro sistema de pensiones y cumple con los compromisos del país con las personas mayores”, explicó el ministro de Seguridad durante el debate en el Congreso Social, José Luis Escrivá.
Escrivá celebra que el “poder adquisitivo de las pensiones” está garantizado
La nueva ley, ha añadido, “garantiza de una vez por todas el poder adquisitivo de las pensiones y deja atrás una etapa de incertidumbre”, en alusión a la última reforma previsional aprobada durante la mayoría absoluta del Gobierno de Rajoy. “Es una reforma ambiciosa, que establece la transparencia de las cuentas de la seguridad social”, agregó.
Una de las herramientas clave de la legislación del PP fue el mencionado 'factor de sostenibilidad', que vinculaba el monto de las prestaciones de los futuros pensionados a la esperanza de vida, de tal forma que se iban reduciendo progresivamente. Quienes asumieron mayores recortes en las pensiones futuras fueron, por tanto, los más jóvenes, ya que se supone que vivirán más.
El Gobierno de coalición se comprometió a derogar este factor y reemplazarlo con el "mecanismo de equidad intergeneracional", (MEI). Inicialmente, el ministro José Luis Escrivá afirmó que el nuevo elemento podría producir un “pequeño ajuste” en la pensión de los “baby boomers” o retrasar su acceso a la jubilación, lo que generó una gran polémica y obligó al ministro a matizar sus palabras.
Al final, la propuesta del MEI que la Seguridad Social llevó a la mesa de negociaciones fue muy diferente. El mecanismo tiene como objetivo la captación de más fondos para la Seguridad Social, a cargo de los trabajadores y empresas activas en la próxima década, ante el planteamiento de recortes crecientes en todas las pensiones a partir de 2023, que suponía la legislación anterior.
Durante el proceso parlamentario, ERC y EH Bildu han capacitado al Gobierno para incluir una auditoría en el plazo de un mes para cuantificar, en base a todos sus ingresos por cotizaciones, qué factura ha ido asumiendo el Estado fuera del gasto en pensiones contributivas, entre 1967 y 2019, que ha generado pérdidas al sistema.
