La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado en el Congreso de los Diputados una batería de medidas para afrontar el escenario de elevados precios de la electricidad, aunque ninguna afecta directamente al precio de la luz.
Entre esas medidas figuran la próxima aprobación de un suministro mínimo vital, la prolongación de la suspensión del impuesto al 7% de la generación hasta fin de año o la aplicación de medidas para reducir la volatilidad de la tarifa regulada y el volumen de energía que se negocia en el mercado mayorista de la electricidad. Así mismo, la ministra detalló el alcance de la estrategia del Gobierno para la regeneración integral del Mar Menor, y emplazó a la administración regional a extremar el celo en el cumplimiento de la ley y atajar de raíz los vertidos que asfixian a la laguna.
La vicepresidenta ha apoyado la formación en el Congreso de una Comisión específica para estudiar las causas de la escalada de precios de la electricidad y ha insistido en la vocación del Gobierno en diseñar un sistema eléctrico basado en las renovables a partir de una transición energética justa: "Trabajamos en medidas estructurales, junto con medidas coyunturales y con seguimiento particular del impacto social que puede tener los momentos más convulsos de esta transición es clave. Por eso debemos seguir ahondando, sin perder de vista el impacto redistributivo que los costes tienen para convertir esta transformación llena de grandes beneficios a medio plazo en algo llevadero para el conjunto de los ciudadanos, algo socialmente justo, no solamente pensando en las señales a los inversores, pensando sobre todo en los ciudadanos".
En este sentido ha anunciado la ampliación de la protección social mediante la aprobación del suministro mínimo vital. Incluida en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, su entrada en vigor aportará una protección adicional a los consumidores vulnerables, al impedir que se les corte el suministro eléctrico de un modo temporal -cuatro meses adicionales a los cuatro meses ya contemplados en la normativa vigente en caso de impago- y de acuerdo con los servicios sociales.
Ribera también ha anunciado que el Ejecutivo prolongará hasta final de año la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), que grava con un 7% los ingresos de las empresas generadoras y que éstas repercuten en el precio del mercado mayorista, para mantener su efecto positivo sobre las facturas de los consumidores. La suspensión del IVPEE fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 24 de junio únicamente durante el tercer trimestre del año.
Ribera ha recordado que gracias a esa reducción impositiva y a la rebaja del IVA desde el 21% hasta el 10%, los consumidores que tienen contratado el suministro eléctrico en el mercado libre "están pagando menos de lo que pagaban antes del crecimiento de precio del mercado mayorista". La aplicación de ambas rebajas fiscales tiene un impacto del 12% en los hogares. La vicepresidenta también ha subrayado el firme compromiso del Gobierno para conseguir que la factura de la luz quede lo más alejada posible de la volatilidad y del incremento de los precios del mercado mayorista. Para ello, ha dicho, trabaja en varias medidas de carácter estructural.
