El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra se ha sumado a la iniciativa de otros históricos dirigentes socialistas, como Antonio Miguel Carmona o Zenón Jiménez Ridruejo, para pedir que la nueva ley de educación no sea aprobada porque piden que el castellano siga siendo lengua vehicular en España. El Gobierno acordó con ERC una enmienda transaccional en la tramitación de la ley mientras que la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso aprobaron el pasado viernes la Ponencia sobre la "Ley Celaá" con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País.
Lea el manifiesto íntegro, a continuación:
"El español es el idioma de todos y cada uno de los españoles, la base de nuestra cultura, diversa y plural, la principal garantía de la unidad cuya capacidad vehicular nos enriquece.
El acervo literario y lingüístico pertenece a todos los españoles, sin excepción. Y a seiscientos millones de hispanoparlantes cuyas raíces comparten el orgullo de hablar y escribir la lengua de Cervantes.
Por eso el artículo 3 de la Constitución española establece que
«El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección».
En el debate parlamentario sobre el contenido de la nueva ley de educación (LOMLOE), el Grupo Parlamentario Socialista, junto a otros grupos, han propuesto y aprobado una enmienda en la que se suprime del texto que «el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares».
Hacer país es sumar, nunca restar. Defender lo que nos une. En la historia y en el porvenir.
Para mayor abundamiento, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional deja clara la interpretación de la Constitución que establece que cualquier lengua cooficial de una comunidad autónoma puede ser vehicular «…pero eso no puede suponer que el castellano deje de serlo porque todos los españoles tienen derecho a conocerla y utilizarla. Al hablante no se le puede imponer la obligación de conocer una lengua que no tiene obligación de conocer».
Por otra parte afirma que «corresponde al Estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo y, en particular, el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado».
Tristemente de facto el castellano ya no es lengua vehicular en la enseñanza en algunas comunidades autónomas. La enmienda consagra un error histórico.
Cabe en este contexto especular sobre las circunstancias y las razones que han llevado al Gobierno de la Nación a modificar el texto mediante una enmienda acordada entre los grupos políticos PSOE, Podemos, ERC y Bildu.
Los independentistas han declarado: «No nos oponemos a que se estudie el español como lengua, como lo puede ser el inglés o el francés, pero en ningún caso vehicular».
Sin duda las exigencias de la aprobación del proyecto de Presupuestos, presentado días pasados, han debido ser relevantes a la hora de tomar dicha decisión. Si tal es el caso, el derecho y el deber de conocer y utilizar en el sistema educativo el idioma español no debería ser objeto del debate de Presupuestos dado que pertenece a un ámbito superior, el de los derechos básicos de los ciudadanos y el de la responsabilidad de las instituciones esenciales del Estado.
La enmienda supone una modificación sustancial de la posición del Partido Socialista Obrero Español sobre un tema central en el contenido de los acuerdos adoptados en el Pacto Constitucional.
Los abajo firmantes reclamamos que se respete la evidente naturaleza vehicular del idioma castellano en el contexto de la actividad educativa en todo el territorio español, sin perjuicio del desarrollo y la normalización del resto de las lenguas cooficiales reconocidos y garantizados por nuestra Constitución.
Zenón Jiménez Ridruejo, Antonio Miguel Carmona et al".
