La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este miércoles una rebaja del IVA de las mascarillas, que bajará del 21% al 4%. Durante el debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, Montero ha señalado que el Gobierno adopta esta decisión cuando ha logrado la confirmación por escrito de que la Comisión Europea no abrirá un procedimiento de infracción por aplicar un cambio legal que contraviene la directiva comunitaria del IVA.
Esta medida, que se aprobará el martes por real decreto-ley, complementará la exención del IVA del 0% que ya disfruta el material sanitario de protección personal (mascarillas, geles desinfectantes o guantes) en las compras por parte de centros hospitalarios, administraciones públicas o entidades sociales sin ánimo de lucro.
La Secretaría de Estado de Hacienda remitió el pasado viernes una carta a la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea para preguntar si la normativa comunitaria vigente ampara una reducción del IVA a las mascarillas vendidas a particulares. Durante su intervención en el Congreso, Montero ha señalado que, por responsabilidad, el Gobierno no podía aplicar una medida que contraviene la normativa europea sin tener garantías de que España no se verá condenada a pagar una multa por ello.
“Apoyar estas cuentas no es una adhesión ni un cheque en blanco al Ejecutivo, sino aparcar lo que sabemos que nos diferencia para centrarnos en lo importante y urgente, que es la salida de la crisis”, ha asegurado la ministra, en referencia a los propios Presupuestos Generales del Estado 2021 (PGE).
La titular de Hacienda ha destacado que estas cuentas, aprobadas el pasado 27 de octubre en el Consejo de Ministros, buscan dar “certeza, confianza y esperanza” frente a la crisis, para poder salir con unas bases de crecimiento “más sólido, justo y sostenible”. Ha recordado su doble objetivo: avanzar en la modernización del sistema productivo y, al mismo tiempo, generar más cohesión social y combatir las desigualdades fortaleciendo el Estado del bienestar.
La ministra en su intervención en la Cámara Baja ha invitado a los grupos a practicar “la política con mayúsculas, la política útil”, que soluciona los problemas de los ciudadanos. Por ello, ha hecho un llamamiento al acuerdo para aprobar estas cuentas y se ha mostrado abierta a estudiar las enmiendas que los grupos presenten para mejorar el texto a lo largo de su tramitación.
La ministra de Hacienda ha apuntado una serie de motivos por los que se deben apoyar estos Presupuestos. Por un lado, deben ser “palanca de la transformación social y económica” del país, apostando por la digitalización, la transición ecológica o la igualdad de género. Por otro lado, ha indicado que estos PGE son también un “revulsivo” para fortalecer el Estado del Bienestar y la igualdad de oportunidades, y constituir una red de seguridad para las clases medias y trabajadoras del país, redistribuyendo la riqueza.
Reducción del precio
Asimismo, el próximo jueves, la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos (CIPM) abordará en el orden del día una rebaja del precio máximo de las mascarillas quirúrgicas.
El Gobierno fue uno de los primeros en la Unión Europa que reguló el precio de las mascarillas para evitar movimientos especulativos y contribuir a que el producto sea accesible para el conjunto de la población. La rebaja del IVA del 21% al 4% y la reducción del precio máximo de venta al público son dos medidas que generarán ahorro para las familias y facilitarían el acceso a estos productos.
Una movilización de recursos sin precedentes
La ministra ha resaltado en su intervención que, desde el inicio de la pandemia, el Gobierno ha adoptado una batería de medidas para mitigar el impacto de la crisis en las familias y hogares y también en el tejido productivo. Para ello se han movilizado hasta 216 millones de euros, una cifra sin precedentes que representa alrededor de un 20% del PIB.
n concreto, el Ejecutivo ha protegido la renta y los empleos de más de tres millones de trabajadores con los ERTES y también de 1,4 millones de autónomos con la prestación por cese de actividad. De hecho, durante el peor momento de la crisis una tercera parte de la población activa tuvo algún tipo de protección y se han logrado salvar medio millón de empresas.
Además, se han puesto en marcha medidas para garantizar la liquidez de las compañías con una línea de crédito del ICO de 100 millones de euros, que se ha destinado en un 98% a pymes y autónomos. También está en marcha otra línea de 40 millones para promover la inversión. Asimismo, el Gobierno adoptó una serie de medidas para aliviar las cargas fiscales y de cotizaciones de las empresas y los autónomos con un impacto de casi 1 millones de euros.
