El Gobierno de España tiene preparado un borrador que se podría incluir en el actual real decreto del estado de alarma con el cual se permitirían, de nuevo, los confinamientos domiciliarios. La Moncloa tiene un escrito a incluir en la prórroga de esta situación excepcional aprobada el pasado jueves por el Congreso de los Diputados que daría el visto bueno a las comunidades autónomas para mantener a los ciudadanos en sus casas si la curva de la segunda ola del coronavirus no se estabiliza en los próximos días, claves para el devenir de nuevas medidas en España.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha negado en repetidas ocasiones estos días la posibilidad de volver a algo tan estricto como es el confinamiento domiciliario, similar al que ya se vivió en marzo y abril. "No será necesario llegar a ese punto", aseguró el pasado viernes en la presentación del presupuesto que tendrá su ministerio, 10 veces superior al año pasado, procedente de los Presupuestos Generales del Estado 2021 (PGE). El titular de Sanidad confía en la efectividad de las medidas, en algunas comunidades muy duras, para doblegar la curva de contagios, aunque reconoció que la situación es "delicada" y "cambiante" en función de la comunidad autónoma que se analice.
No obstante, este confinamiento sería diferente al que ya se vivió: serán las comunidades autónomas las que decidan si aplicarlo o no en el ejercicio de las autoridades delegadas en las que se convierten con el decreto del nuevo estado de alarma, aprobado el pasado 25 de octubre por el Ejecutivo en un Consejo de Ministros extraordinario. Además, se mantendrían los colegios y universidades abiertas (en marzo se cerraron), así como se podría permitir ir al trabajo al grueso de los empleados, aunque se intentaría favorecer el teletrabajo. Incluso se decidiría, desde cada ejecutivo autonómico, cuáles son las actividades esenciales en el caso de que echaran el cierre aquellas que no fueran consideradas como tales.
El Gobierno, a diferencia de marzo, no ostentará el mando único de la gestión de la pandemia, sino que son las autonomías las que deciden qué medidas tomar. Este estado de alarma, por ende, actúa de paraguas legal para poder tomar cuantas restricciones sean necesarias con el único objetico de frenar la curva de contagios.
Castilla y León y Asturias, cada vez más cerca; Cataluña, un poco más lejos
Castilla y León, Cataluña y Asturias han asegurado desde que obtuvieron el mando de la pandemia en cada uno de sus territorios que harían todo lo que fuera necesario para controlar la segunda ola. Los presidentes Alfonso Fernández Mañueco, Pere Aragonès y Adrián Barbón pusieron sobre la mesa el confinamiento domiciliario en diversas formas y pidieron al Gobierno que lo permitiera a través de una modificación del real decreto, aunque no es algo efectivo todavía.
Castilla y León advirtió que, si el 15 de noviembre la curva sigue descontrolada, no quedaría otra opción que recurrir a un confinamiento domiciliario. Asturias lo solicitó formalmente el pasado lunes a Sanidad, aunque el ministerio lo desestimó por el momento al confiar en las medidas aplicadas en cada territorio. Y un dato para la esperanza: Cataluña constató que, después de 15 días de duras restricciones (cierre de bares y restaurantes, toque de queda a las 22.00 horas), la curva de contagios en la autonomía parecía estabilizarse, así como el ritmo de contagios: pasaba del 1,5 a 1,2 o 1,1.
