El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se imaginó hace ocho meses, cuando sacó adelante la sesión de investidura a principios de 2020, que el inicio de su segundo gobierno tendría tantos frentes abiertos. Al conflicto catalán, con una mesa de negociación de por medio entre el Palacio de La Moncloa y el Palau de la Generalitat, se le unió en marzo una pandemia, la de la Covid-19, que obligó a tomar las medidas más excepcionales de la historia de la democracia -confinamiento de la población durante dos meses, paralización de la actividad no esencial durante 15 días, la creación de un triple escudo social…- y ahora, con la segunda oleada de la pandemia, se entremezcla la negociación entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con los partidos políticos para intentar sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado 2021 (PGE). Aunque se presenten semanas y meses convulsos en los alrededores del Palacio de La Moncloa, fuentes cercanas al presidente aseguran que resistirá y asumirá el desgaste político que pueda devenir de todos estos flancos.
El independentismo catalán pide gestos para ser proclives a la aprobación de unas nuevas cuentas. El anuncio del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de la tramitación de los indultos de los presos del procés -un trámite de obligado cumplimiento-, ha revuelto a la bancada de la derecha del Congreso. PP, Vox y Ciudadanos han puesto el grito en el cielo tras este anuncio, sumado a la ausencia de Felipe VI en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona. Para el presidente de Génova 13, Pablo Casado, Sánchez ha vuelto a arrodillarse ante los independentistas con tal de seguir en el poder.
El objetivo de Moncloa es aprobar los PGE a finales de año o principios de 2021 con el apoyo de ccuantos más partidos mejor en los denominados "Presupuestos de País" para poder prorrogar las cuentas en lso próximos años en el caso de que no consiguiera los votos necesarios y, a su vez, canalizar los 140 millones de euros que el Fondo de Reconstrucción Europeo destinó a España.
La pandemia del coronavirus es "voluble y cambiante", según aseguró el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el pasado jueves. Por ende, el Gobierno tomó una decisión para que no solo sea La Moncloa quien asuma el desgaste de la gestión sanitaria del virus: delegar en las comunidades autónomas, como máximas representantes del Estado en cada territorio, para que sean ellas quienes tomen las decisiones necesarias y, en último término, soliciten el estado de alarma. De esta forma, con estos "espacios de cooperación" entre administraciones, ya no solo sería el presidente del Gobierno quien desgastaría su imagen pública y quien cargaría sobre sus espaldas sobre la situación del país por el coronavirus, sino todos los presidentes autonómicos, de uno y otro color político, en cada territorio.
