El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado actuaciones con varias comunidades autónomas para conocer qué medidas están adoptando para abordar posibles casos importados de Covid-19, en el contexto de la inmigración irregular.
La situación planteada con la llegada de pateras, tras el cese del estado de alarma, preocupa al Defensor del Pueblo, que se ha dirigido a las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas de Andalucía, Canarias, Comunitat Valenciana, Illes Balears y Región de Murcia y también ha dado traslado de dichas actuaciones al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Estas cinco regiones reciben desde hace años a extranjeros en situación irregular. Desde el cese del estado de alarma, cientos de personas han sido rescatadas y se han activado los correspondientes operativos de respuesta humanitaria, que es una competencia estatal. Sin embargo, la situación provocada por la pandemia del COVID-19 ha provocado que, junto a esa respuesta humanitaria, sea también necesario adoptar medidas complementarias en el ámbito sanitario, que son competencia autonómica.
En concreto, la Institución quiere conocer las medidas adoptadas para garantizar el adecuado seguimiento y control de eventuales contagios. Asimismo, también ha pedido información a las comunidades autónomas sobre los lugares de alojamiento designados, en coordinación con la Administración General del Estado, en aquellos casos en los que no se realice la derivación urgente a centro hospitalario.
Inmigrantes en situación de calle en Almería
En esta línea, el Defensor ha recibido quejas reiteradas procedentes de la Comunidad Autónoma Andaluza, que aseguran que se están produciendo casos de personas que en este momento se encuentran en situación de calle en Almería, tras haber llegado en patera 72 horas antes y que son puestas en libertad, al no haber hecho las autoridades andaluzas las pruebas PCR necesarias para ingresar en el sistema de acogida.
Según las quejas recibidas, estas personas no habrían sido derivadas a ningún servicio de asistencia, ni habrían recibido información sobre los recursos de acogida existentes o sobre las medidas de higiene necesarias para frenar la transmisión del coronavirus.
Asistencia letrada adecuada
Por otra parte, la Institución insiste una vez más en que la asistencia letrada no se puede convertir en una mera asistencia formal en el procedimiento.
En este contexto, el Defensor ha mantenido varias reuniones con el Consejo General de la Abogacía, que informa puntualmente de las carencias que observan, así como de la puesta al día de los protocolos de actuación que remiten a los colegiados.
No obstante, se siguen recibiendo quejas que apuntan a que las deficiencias persisten. Estas quejas relatan varios casos en los que inmigrantes llegados a Canarias habrían sido alojados en dispositivos temporales sin haber recibido una atención jurídica adecuada.
Una situación que también se estaría produciendo en Almería, a tenor de las quejas recibidas.
La asistencia letrada que, a través del turno de oficio, reciben los extranjeros que llegan a nuestras costas debe garantizar que se recibe un asesoramiento individualizado, con presencia de intérprete y que la persona comprende los derechos que le asisten y, en su caso, garantizar que su solicitud de protección internacional queda registrada de manera inmediata.
Dispersión de competencias
A juicio de la Institución, la dispersión de competencias en materia de gestión migratoria y la ausencia de una coordinación eficaz entre los distintos niveles de administración del Estado, hacen que la crisis provocada por el COVID-19 convierta la acogida de inmigrantes en una suerte de carrera contra el tiempo, que no solo no ofrece respuesta a los problemas de fondo, sino que tampoco logra armonizar adecuadamente la protección de los derechos de las personas extranjeras en situación de vulnerabilidad con los intereses del conjunto de la sociedad.
Por ello, el Defensor cree que es urgente que Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos aborden en una reunión conjunta el diseño de un sistema que tome en consideración todas las vertientes que supone la gestión de la irregularidad documental de quienes no son expulsados.
En este sentido, ha reiterado en 2019 su recomendación a la Secretaría de Estado de Seguridad para que se entregue un documento a los extranjeros en situación irregular cuya expulsión no puede ser ejecutada, en el que se indique el aplazamiento o la suspensión.
En opinión del Defensor, tras más de treinta años de llegadas a las costas españolas, debería encontrarse la manera de conjugar el control eficaz de las fronteras con el cumplimiento de las obligaciones internacionales de detección inmediata y protección de aquellas personas que necesitan protección internacional, son menores de edad o presentan indicios de trata de seres humanos.
