La Sala de Vacaciones ddel Tribunal Supremo rechazó el pasado miércoles la adopción de medidas cautelares contra el rey emérito Don Juan Carlos de Borbón porque, en este momento, el padre de Felipe VI no está siendo investigado por las presuntas cuentaas fraudulentas que tendría en paraísos fiscales.
El presidente de la Sala, Francisco Marín, ha desestimado la petición de Òmnium Cultural que, a través de una querella, solicitaba que se tomaran ciertas medidas después de que la Fiscalía del Alto Tribunal reabriera la causa contra el exjefe de Estado en la denominada "pieza Carol". El emérito se enfrentaría a delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
La organización que dirige Jordi Cuixart solicitaba en el escrito judicial que se sentara a Juan Carlos en el banquillo de los acusados y, en el caso de que el padre del Rey no acudiera a su cita con la Justicia, se dictara una orden internacional de detención. Además, se pedía que le retiraran el pasaporte y que se le prohibiera salir de España.
Esta solicitud se suma a la que previamente Òmnium había registrado hace dos meses una querella contra Don Juan Carlos por presuntos delitos de corrupcción, blanqueo de capitales y fraude fiscal. En la misma, la entidad solicitaba que se investigara la fortuna del que fuera Rey de España entre 1978 y 2014 porque "hay indicios suficientes para iniciar una investigación" por los delitos citaados previamente.
Sánchez: "No se juzga a instituciones, sino a personas"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró el pasado martes su respeto hacia toda decisión tomada en Casa Real y aseguró que el Don Juan Carlos responderá ante la Justicia "como cualquier español" si esta le requiere. Además, sumó que respeta cualquier decisión de la Familia Real y la marcha del rey emérito, en concreto, le pareció "adecuada" por “distanciarse de supuestas conductas cuestionables o reprobables por parte un miembro de la Casa Real”.
“Lo que se juzga no son instituciones, sino a personas”, remarcó el líder del Ejecutivo, que aseguró que ni la Jefatura del Estado ni "el pacto constitucional de 1978" están en cuestión. “España necesita de estabilidad y de instituciones robustas, que tienen que abonarse con ejemplaridad, transparencia y regeneración”, recalcó Sánchez.
Lo cierto es que la marcha de Juan Carlos de España habría sido algo pactado y consensuado entre el Gobierno y Casa Real. La vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, y el propio Felipe VI habrían estudiado cuál era la mejor decisión para instaurar un cortafuegos, personal y figurado, entre padre e hijo que salvaguarde la Corona.
