En su intervención, se ha centrado en el modelo vasco de estabilidad, un modelo que ha puesto en "valor" dadas las circunstancias de "incertidumbre institucional, política, económica y social en el Estado y Europa y mundo global", ha dicho.
Según Urkullu, "es necesaria una política europea común fuerte, que responda a estas decisiones unilaterales".
Además, para el Lehendakari, "la estabilidad en Europa es un valor para afrontar los retos de mayor dimensión: demográfico, social, ecológico, energético y tecnológico digital, también en relación con la Justicia".
Asímismo, ha destacado la pluralidad del territorio de Euskadi. La política plural y la gobernanza compartida como un medio para "iniciar una etapa de gobernabilidad y estabilidad".
Urkullu además, apuesta por el diálogo "con voluntad de acuerdo", algo que echa en falta en el Estado español.
Estatuto de Autonomía
El Lehendakari ha recordado que el próximo 25 de octubre se cumplen 40 años de la aprobación del Estatuto de Gernika. "Una Ley Orgánica que sigue incumplida", ha lamentado. Sin embargo, está convencido "de que seremos capaces de avanzar además en un proceso de actualización, profundización, y modernización de nuestro gobierno singular. Es la vía vasca por la que apostamos", ha puntualizado.
Crisis catalana
Respecto al conflicto en Cataluña, Urkullu apuesta porque "quede atrás" la "obsesión" del 155, la Ley de Seguridad Nacional, la aplicación del artículo 116 de la Constitución y se "afronte" con determinación la búsqueda de soluciones políticas al modelo de Estado.
Otras intervenciones
Por otra parte, ha intervenido Carmen Sedán, Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Se ha centrado en la Memoria que se presenta en este acto.
Ha comenzado haciendo un balance de los delitos contra la libertad sexual, que les preocupa, ha dicho, "su número creciente" y ha expresado que "no logramos que la víctima quiera denunciar". También hace un especial seguimiento de los delitos contra la libertad sexual cuando la víctima es menor de edad "por la dificultad para obtener la prueba del delito". Y por último, sobre los delitos de violencia de género y doméstica "donde seguimos alertando de que hay víctimas que han solicitado y obtenido una orden de protección pero demasiado a menudo, comparecen en el Juzgado y piden que se deje sin efecto".
La Fiscal concluye que es importante tener en cuenta el proceso de transformación que está llevando a cabo la sede judicial con el llamado "reto digital", que pretende que se consolide en el futuro.
También ha intervenido el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, quien ha hecho un balance de la Memoria anual.
"El diagnóstico general sobre la situación de la Justicia en España ha mantenido prácticamente inalterados sus titulares desde el Pacto de Estado de 28 de mayo de 2001: la reforma integral del sistema de justicia constituye un objetivo crucial e inaplazable", ha manifestado.
También ha destacado los ejes sobre los que debieran proyectarse las "reformas estructurales" cuyo objetivo es "obtener una mirada legitimadora de las personas que nos recaban una tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses legítimos" de manera que se "intensifique la confianza de la sociedad en sus jueces".
El segundo eje se centra en "la consolidación de una jurisdicción plena y homologada en eficiencia y calidad", de manera que se garantice la independencia judicial.
El tercer eje se basa en conseguir "un servicio público de excelencia", con los cambios organizativos y de innovación tecnológica necesarios.
Para avanzar en torno a estos ejes, Ibarra ha marcado 4 objetivos: incrementar la confianza de la sociedad en sus jueces; la independencia judicial como derecho de la ciudadanía; una justicia tecnológicamente avanzada y ofrecer un servicio público de excelencia.
En este sentido, ha destacado dos iniciativas con las que se ha abordado este año judicial: creación de un órgano de colaboración, encuentro y participación en el alcance de objetivos comunes entre los distintos órganos judiciales y la adopción de un instrumento de gobernanza y gestión elaborado participativamente y coordinado por el departamento de Justicia.
