Mucho se está hablando en la actualidad de la situación del presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y de su presunta implicación en el caso Auditorio. Su continuidad o no se ha convertido en tema nacional en los últimos días y la interpretación de si debe dimitir o seguir en el cargo está sirviendo para que se consuman ríos de tinta.
El presidente parece dispuesto a continuar, al menos, hasta que preste declaración ante el Tribunal Superior de Justicia murciano el próximo 6 de marzo. Ello a pesar de que desde Ciudadanos, su sostén en la Presidencia regional, le insisten para que abandone. El líder nacional de la formación naranja, Albert Rivera, llegó a hablar incluso de una moción de censura como alternativa pese a que ello supondría ir de la mano con Podemos.
[Sumario]
En Ciudadanos en Murcia su portavoz, Miguel Sánchez, quiere recordarle a Pedro Antonio el punto del pacto de investidura suscrito en 2015 que recogía que los cargos públicos imputados (ahora investigados) por corrupción tendrían que dejar el puesto sin dar más rodeos. El encuentro entre ambos ya tiene fecha: será en la mañana del jueves, 2 de marzo.
Lo cierto es que las negociaciones entre PP y Ciudadanos en Murcia para formar gobierno después de las últimas elecciones autonómicas se cobraron varias víctimas entre los populares murcianos para que Pedro Antonio Sánchez pudiera ser presidente. Hay que recordar que al líder del partido de Rajoy le faltó un diputado para alcanzar la mayoría absoluta.
El ex alcalde Cámara
Ciudadanos instó en junio de 2015 al PP de Murcia a que apartara de sus cargos a todos los imputados que tuviera. Puso el foco en tres nombres y todos se vieron forzados a dimitir. Uno de los casos fue el del ex alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, que se encontraba imputado desde 2012 por el caso Umbra que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en la expansión de la zona norte de Murcia con la firma del convenio Nueva Condomina. El ex primer edil no repitió como candidato a la Alcaldía, pero tuvo que abandonar la Secretaría General del PP murciano.
El delegado Bascuñana
También fue muy sonada la caída del ex delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, que dimitió la noche del Día de la Región de Murcia de 2015 porque se encontraba imputado en el caso Novo Carthago que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en Cartagena por la construcción de viviendas en una zona protegida del litoral murciano próxima al Mar Menor. Bascuñana estaba en duda por su anterior etapa como consejero autonómico.
Alcaldesa de Fuente Álamo
Ciudadanos también pidió la salida de la alcaldesa del municipio de Fuente Álamo, María Antonia Conesa, y su marcha se produjo también ese junio de 2015 porque estaba imputada por el conocido como caso de la Pagamenta por un presunto delito de cohecho por recibir supuestamente un sobre con 12 euros entregado por otro acusado en esta investigación contra la presunta corrupción urbanística. Conesa mantuvo su acta de concejal, pero se dio de baja en el PP tras doce años como alcaldesa.
El consejero más histórico
La formación de Rivera no consintió ni una sola excepción para que Pedro Antonio Sánchez pudiera ser investido presidente. Antes de estas dimisiones se produjeron otras en el PP murciano. Por ejemplo, la del consejero más longevo en su cartera. Es Antonio Cerdá y dimitió el 26 de febrero de 2015 tras 16 años como consejero de Agricultura y Agua por su imputación en el caso Novo Carthago.
Juan Carlos Ruiz y la Púnica
En la etapa de Pedro Antonio como consejero de Educación también tuvo que dimitir su homólogo en la cartera de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, Juan Carlos Ruiz, por su imputación en el caso Púnica por haber, supuestamente, cerrado contratos con la red de esta trama que ahora salpica también al actual presidente regional.
Contreras en Molina
Otro ejemplo de dirigente histórico del PP murciano que tuvo que abandonar lo encontramos en el ex alcalde de la localidad de Molina de Segura, Eduardo Contreras, que dimitió el 18 de marzo de 2016 después declarar como investigado por un presunto delito de prevaricación durante la permuta de unos terrenos municipales por otros privados para construir allí una depuradora. Contreras dejó de ser alcalde de Molina después de más de dos décadas en el cargo y abrió el cambio a la etapa de la socialista Esther Clavero como primera edil.
Estos ejemplos vienen a refrendar que las imputaciones y las dimisiones no son algo nuevo en el PP murciano y menos teniendo como compañero de viaje a Ciudadanos a pesar de que el partido de Rivera sitúe ahora el hecho determinante para dimitir en la apertura del juicio oral y no en la imputación (ahora investigación) según defiende en el Congreso.
