Después de que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco señalara al presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, como presunto autor de tres delitos (fraude, cohecho y revelación de información reservada) en el marco del caso Púnica, el líder autonómico se defendió y puso la mano en el fuego por su inocencia. Lo hizo en una entrevista concedida a la Cadena COPE en la que recordó que ya tiene a las espaldas 16 denuncias archivadas.
Sánchez no se mostró partidario de dimitir cuando sea llamado para declarar por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Para el presidente murciano la dimisión se debe producir cuando pese sobre él una imputación formal, pero no cuando acuda a sede judicial para dar explicaciones y defenderse. En este punto puede encontrar oposición con Ciudadanos. Los dirigentes de la formación naranja ya han avisado que pedirán la cabeza política de Pedro Antonio desde cuando sea citado para declarar.
La denuncia como arma política
En cualquier caso, las denuncias archivadas mencionadas por el presidente del PP han sido el principal argumento empleado por los populares para defender la inocencia de Sánchez. Este asunto de las denuncias contra Pedro Antonio se cuela con cierta recurrencia en la agenda política de Murcia.
Sin ir más lejos el secretario general de los socialistas murcianos, Rafael González Tovar, compareció recientemente en la Ciudad de la Justicia murciana para instar al presidente regional a que demuestre con papeles las denuncias archivadas contra su persona. Según el PSOE, la última denuncia archivada fue sobre el caso Pasarela que investigaba irregularidades en la adjudicación en 2006 al arquitecto Martín Lejarraga de la construcción de una pasarela cercana a la rambla Nogalte del municipio de Puerto Lumbreras cuando el ahora presidente era alcalde. González Tovar señaló que el tema se archivó después de que estuviera seis meses sin que se instruyeran diligencias penales.
Los socialistas rebajan las denuncias presentadas contra Sánchez cuando era primer edil a tres y aseguran que dos todavía siguen su curso. Lo cierto es que las denuncias presentadas contra el PP en Murcia llevan más de una década en el candelero político. Los populares acusan a los socialistas de emplear la denuncia como arma arrojadiza y el PSOE niega la mayor. Sin embargo, en una reunión mantenida el 5 de marzo de 2009 la Junta de Fiscales del TSJ murciano ya reconoció que desde el año 2006 se archivaron un total de 51 denuncias presentadas contra miembros del PP. La Fiscalía matizó que fue el propio organismo el que tumbó muchos casos por entender que carecían de base como para ser remitidos a los órganos judiciales.
La figura del fiscal jefe
Los fiscales se defendieron así de las fuentes del PP que apuntaban que las denuncias eran archivadas en los juzgados por falta de argumentos. En este asunto siempre ha emergido la figura del fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, una persona que presume de ser azote de la corrupción y que, al mismo tiempo, es señalado como comisario político de la izquierda.
López Bernal comenzó en la Fiscalía en las audiencias provinciales de Barcelona y Madrid y continuó su trayectoria en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado hasta que en 1989 desembarcó en el TSJ de Murcia. El 12 de enero de 2006 tomó posesión como fiscal jefe nombrado por Cándido Conde Pumpido como fiscal general del Estado durante el mandato del ministro socialista Juan Fernando López Aguilar.
Cinco años después Bernal fue reelegido, ya con el PP en el poder, en la etapa de Consuelo Madrigal como fiscal general del Estado. Buena parte de las suspicacias sobre Manuel López vienen de parte de su mujer, Amparo Hornillos, que fue la abogada del PSOE en el caso Auditorio de Puerto Lumbreras cuando comenzaron las denuncias en 2005.
La mujer del fiscal
Este caso se inicia por una serie de denuncias del PSOE lumbrerense con Amparo Hornillos como abogada de los socialistas hasta que unas semanas antes de que su marido tomara posesión como fiscal jefe cedió el asunto a otro colega letrado para así no incurrir en ningún tipo de conflicto de intereses.
OK Diario también desveló que la Fiscalía murciana no permitió que Pedro Antonio Sánchez declarara voluntariamente en el marco de la investigación del caso Auditorio como así pidió el abogado del ahora presidente. La negativa causó perplejidad máxime cuando la Fiscalía dejó pasar un año entre que recibió la denuncia y presentó la querella, la cual coincidió con la designación de Sánchez como candidato del PP a la Presidencia de Murcia en las últimas elecciones autonómicas de mayo de 2015.
Reelección en el horizonte
Ahora mismo la continuidad de Manuel López Bernal como fiscal jefe murciano está en el aire después de que el Ministerio de Justicia haya iniciado el proceso de renovación de las jefaturas de la Fiscalía de Murcia y otra seis regiones. El actual fiscal general del Estado, José Manuel Maza, deberá presentar en el Consejo de Ministros la propuesta de nombres para su aprobación definitiva.
La reelección de López Bernal puede verse enturbiada por las dos querellas que presentó contra él hace casi un año la Asociación Justicia y Libertad (Madrid) como presunto autor de un delito contra ordenación del territorio y otro de tráfico de influencias por la construcción de su vivienda familiar y por la contratación de su hija por parte de la Comunidad Autónoma de Murcia. Las denuncias se presentaron ante el TSJ aunque el único organismo que puede encausar al fiscal es el Tribunal Supremo por ser Bernal el máximo responsable de la Fiscalía murciana.
