Tras las infomaciones publicadas en un medio de comunicación, en la que se cuestiona la profesioanalidad de una pediatra en el ejercicio de sus funciones, la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria, nos hace llegar el siguiente comunicado:
"La lucha frente a la violencia contra la infancia y la adolescencia debe ser una prioridad en las políticas de protección a las personas menores de edad. Siempre se debe regir por el interés superior del menor. Esto solo es posible si se coordinan las distintas instituciones implicadas (Salud, Educación, Justicia, Servicios Sociales y FFCC de Seguridad del Estado).
En el ámbito sanitario, los profesionales que desarrollamos nuestro trabajo en contacto con menores, tenemos la obligación de poner en conocimiento de la autoridad competente cualquier situación de sospecha o de certeza, si la hubiera, de maltrato infantil.
[Sumario]
Por tanto, como garantes de los derechos de las personas menores de edad, el primer paso ante la existencia de una posible situación de este tipo, es sospecharla y posteriormente notificarla transmitiendo la información de la que disponemos.
Corresponde a otras instancias la investigación y resolución de los hechos, pudiendo comprobarse o no que haya existido dicho maltrato. La sospecha no siempre va seguida de certeza.
Se ha publicado en un periódico una noticia en la que se ataca a una pediatra que, en el ejercicio de su labor profesional, detectó una posible situación de maltrato infantil, en la tipología de abuso sexual infantil, y siguiendo el Protocolo de Actuación frente al maltrato infantil implantado en nuestra comunidad, lo comunicó a las autoridades competentes.
Desaprobamos el trato periodístico en la publicación de esta noticia, que no ha respetado el anonimato, que desacredita a la profesional acusándola en el titular de “inventar” un abuso.
El maltrato infantil es difícil de detectar y se encuentra infravalorado en nuestro país. Noticias como estas contribuyen a mantener esta situación, por lo que hacemos un llamamiento a la responsabilidad de los medios de comunicación.
Nuestra compañera no ha denunciado a nadie. Ha comunicado una sospecha, como es su deber profesional y legal y no hay pediatra en su situación que no hubiera hecho lo mismo.
En una sociedad que está tan poco concienciada ante esta realidad, se está poniendo en cuestión, por tanto, la herramienta que posibilita la atención al maltrato en las personas menores de edad.
Así que la noticia pone en tela de juicio la profesionalidad de los pediatras y lo que es peor, pone en peligro a los menores en situación de maltrato.
Hacemos un llamamiento a todas las personas implicadas en el cuidado de la infancia para seguir alerta y anteponer el interés superior del menor a cualquier otro tipo de valoraciones, cuando sospechemos que sus derechos puedan estar siendo vulnerados.
Como sociedad científica que agrupa a los pediatras de Atención Primaria (Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria), trasladamos nuestra repulsa al trato periodístico de esta situación y el apoyo a esta pediatra que en el ejercicio de su labor profesional ha actuado conforme a los protocolos establecidos en nuestra comunidad autónoma".
Nuria Martínez Moral
Presidenta de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap)
