Los presidentes de las entidades soberanistas ANC, Jordi Sánchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, investigados por sedición, ingresan en prisión, comunicada y sin fianza. Por su parte, Josep Lluís Trapero, el mayor de los Mossos, tan sólo tendrá medidas cautelares: Se le ha retirado el pasaporte, no puede salir de España y debe comparecer en el juzgado cada 15 días. Lo mismo ocurre con la intendente de la Policía autonómica, Teresa Laplana pese a que, para ambos, el fiscal pedía prisión bajo fianza de 40 euros. Son las decisiones de la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.
En la resolución, la magistrada explica que el acoso a los agentes de la Guardia Civil en los registros efectuados en la sede de la Consejería de Economía fueron “una compleja estrategia con la que desde hace tiempo vienen colaborando” Sánchez y Cuixart. Ambos dos participaron muy activamente en las concentraciones del 20 y 21 de septiembre “alzándose además como sus principales promotores y directores, manteniéndose al frente durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándoles a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes de la actuación a realizar en cada momento”.
Además, Lamela añade en su resolución que los hechos fueron convocados por ANC y Òmnium de manera no pacífica, sino para parar a la Guardia Civil. Además, ‘los Jordis’ arengaron a los congregados subidos a un coche de la Guardia Civil a la “movilización permanente”, tratando de negociar hasta cinco veces “para sus fines políticos” y no para disminuir los riesgos o desconvocar una concentración “que habían convocado y que estaba coaccionando e impidiendo a los agentes investigadores cumplir las órdenes del juez”.
Trapero
Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos, consiguió eludir la prisión. Pese a que la Fiscalía pedía prisión bajo fianza de 40 euros, la juez rechazó su ingreso en prisión. Eso si, se le retiró el pasaporte, no puede salir de España y tiene que presentarse en el juzgado cada 15 días. Además, se le obligó a fijar un teléfono donde ser localizado y a designar a una persona a quien notificar cualquier citación judicial, advirtiéndole expresamente de que, en caso de incumplir alguna de estas medidas, éstas podrán agravarse, “pudiendo llegarse a decretar su prisión provisional”. Según Lamela, la actuación de Trapero el 20 y 21 de septiembre “no aparece todavía suficientemente perfilada hasta el punto de poderle vincular en este momento a hechos tan graves”.
Cabe resaltar que la investigación se ciñe por ahora a lo ocurrido los días 20 y 21 de septiembre y que los hechos anteriores o posteriores no se han tenido en cuenta para nuevas imputaciones. Tan sólo para indagar “el ánimo que presidía la actuación de los investigados”.
