El Gobierno vuelve a sufrir un choque entre sus dos miembros por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de los jueces lleva en funciones dos años tras los desacuerdos entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, pero el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, lleva semanas quejándose en el Consejo de Ministros sobre la predisposición del ala socialista de La Moncloa y, sobre todo, del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de querer aislar al partido morado de las negociaciones para hacer más viable esta negociación.
Sin embargo, no es la única voz de Podemos que está reivindicando entrar en las conversaciones. El portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, aseguró la semana pasada que “sería inconcebible que el Gobierno de coalición no participara en la renovación del CGPJ porque el PP quiera vetar a Unidas Podemos”. Además, tachó de "inasumibles" las pretensiones del segundo partido más votado en España.
Esta presión choca de lleno con el muro establecido por los ministros socialistas. El ala roja del Gobierno avisa de la dificultad añadida que supondría que los de Iglesias se levantaran en la mesa de negociación. Es más: aseguran que no habría conversaciones porque el viceconsejero de Justicia, Enrique López, se levantaría de la mesa en el momento en el que Podemos entrara en juego.
Por ello, desde el Ejecutivo llevan presionando semanas al PP para alcanzar un acuerdo que dote al gobierno de los jueces de un balón de oxígeno. Si no, tanto Iglesias como la portavoz de Moncloa, María Jesús Montero, ha asegurado que el Gobierno volvería a activar la tramitación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (CGPJ) para poder rebajar de dos tercios a la mayoría absoluta el mínimo con el que se renueve dicho órgano.
El PP ha mostrado su "voluntad clara" de acordar con el Gobierno la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y está dispuesto a abrir "una ventana de oportunidad" para hacerlo posible si el Gobierno cumple con las condiciones que impone Génova 13. Los votos de los diputados populares son imprescindibles para renovar el órgano de gobierno de los jueces por la vía ordinaria, establecida hasta el momento. La última condición de Pablo Casado es queel Gobierno no conceda indultos a los nueve condenados del procés catalán tras las elecciones autonómicas de Cataluña del próximo 14 de febrero, además de dejar a Unidas Podemos fuera de la negociación.
