Las maniobras de VOX para evitar que Santiago Abascal se sentara en el banquillo no han servido de nada. El presidente del partido ultra será juzgado en Madrid a partir de este lunes por la disolución presuntamente ilegal del Comité Ejecutivo Provincial de la formación en Barcelona. Abascal deberá comparecer ante la juez que lleva el caso este 16 de noviembre en el Juzgado de Primera Instancia número 44. Varios afiliados recurrieron ante la justicia la disolución del CEP por considerarla una vulneración de su derecho fundamental a la participación política. El líder de extrema derecha deberá responder sobre estos hechos como demandado. Y eso que VOX ha hecho todo lo posible para que su máximo dirigente se librara del paseíllo.
Primero pidió que Santiago Abascal declarase por escrito -cosa que no está prevista en la legislación- con la excusa de que el mismo día 16 tenía que estar en un acto en Hungría "invitado por el Estado citado". Luego argumentó que el presidente no asistió a la reunión en Madrid del Comité Ejecutivo Nacional en la que se decidió cesar a la dirección provincial en Barcelona. Pero resulta que, si Abascal no estaba ese 1 de octubre de 2019 en la capital de España, era porque se encontraba precisamente en Barcelona. Además, es difícil de creer que el líder ignorase la situación de su partido en la provincia catalana. La formación verde llegó a proponer que el diputado por Madrid y concejal en el Ayuntamiento capitalino, Javier Ortega Smith, sustituyera a Santiago Abascal como demandado. Pero se topó con que el también secretario general de VOX estaba ya citado como testigo.
Finalmente, la juez ha rechazado todas estas tretas "por extemporáneas", ya que no fueron planteadas en la vista previa, celebrada el pasado 28 de septiembre. La magistrada también recuerda que el presidente de un partido político es el máximo responsable legal del mismo. La disolución de la estructura orgánica provincial en Barcelona causó sorpresa entre afiliados y simpatizantes, pues Abascal les había agradecido de forma reiterada "el excelente trabajo desarrollado" en Cataluña. Los estatutos de VOX dicen que si el presidente provincial o más de la mitad de su comité dimiten, la dirección nacional debe nombrar a una gestora. En aquel entonces, solo tres miembros abandonaron voluntariamente sus cargos.
El aparato ha presentado en el juzgado una declaración ante notario realizada en febrero de este año por una cuarta persona -con la que se llegaría al 50%- que hace cinco meses habría puesto sobre la mesa su "dimisión verbal". Se da la circunstancia de que éste era de los pocos comités elegidos democráticamente y no puesto a dedo por los mandamases de Madrid. Sin embargo, el cese del CEP sirvió para consagrar el desembarco en la dirección barcelonesa de Joan Garriga y Mónica Lora, ex dirigentes de la formación xenófoba Plataforma per Catalunya, integrada en VOX desde febrero del año pasado.
